Lo que puede interpretarse como un fallo histórico de la Sala Constitucional para la legalización del matrimonio igualitario en Costa Rica, se ha convertido en un texto que no deja feliz ni a los defensores de derechos humanos ni a los grupos conservadores que se oponen a estas uniones.
El pasado 8 de agosto la Sala Constitucional consideró que son inconstitucionales incisos y artículos del Código de Familia que prohíben el matrimonio y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, pero dejó vigentes las normas por un plazo de 18 meses para que el Congreso realice las modificaciones legales pertinentes.
Si el Congreso no aprueba ninguna ley, las dos normas quedarán automáticamente derogadas en el plazo de 18 meses.
Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos no debe haber espacio para la confusión cuando se trata de una sentencia de la Sala Constitucional y no comprenden cómo una norma es declarada inconstitucional y aún así puede seguir vigente.
Este tribunal es el máximo órgano de justicia del país al cual los ciudadanos acuden para asuntos que van desde pedir la construcción de una acera en su barrio hasta grandes reformas en los poderes del Estado o temas que dividen a la sociedad como el matrimonio igualitario.
El plazo de 18 meses, que según la Sala Constitucional busca garantizar paz social, ha sido calificado por el conservador evangélico Partido Restauración Nacional como "una inyección letal" y se ha resignado a que al final del plazo habrá matrimonio igualitario.
Esta agrupación, la segunda con mayor representación con 14 de los 57 legisladores que integran el Congreso, asegura que no permitirá el avance de ninguna ley en favor del matrimonio igualitario y que solo queda dejar correr los 18 meses.
La Iglesia Católica de Costa Rica ha dicho que respeta el orden jurídico del país, pero ha lamentado que la Sala Constitucional "ponga en entredicho el origen y la función natural de la familia".
Los grupos defensores de los derechos humanos de la población sexualmente diversa tampoco están muy contentos con el fallo de la Sala Constitucional y temen que en el plazo de 18 meses o posterior a él, los grupos conservadores encuentren vías para retardar la vigencia del matrimonio igualitario.
"Es un adefesio jurídico. Una violación total a los derechos humanos de los ciudadanos de la población sexualmente diversa", dijo a Efe el vicepresidente del Movimiento Diversidad, Víctor Hugo Monge.
El activista criticó la "cobardía" de los magistrados, quienes "no quisieron asumir su responsabilidad legal" y la trasladaron al Congreso.
En un pronunciamiento emitido hoy, el Movimiento Diversidad señala que la Sala Constitucional ha generado "un alto grado de confusión" y de "inseguridad jurídica", y que el argumento de los magistrados de buscar paz social es "estigmatizante" para la población LGBTI.
Hace 12 años la Sala Constitucional emitió un fallo sobre el matrimonio gay, en el que no declaró inconstitucional la prohibición, pero instó al Congreso a legislar en favor de los derechos de las parejas del mismo sexo.
En todo este tiempo, en el Congreso no ha avanzado ninguna de las iniciativas presentadas para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo y mucho menos del matrimonio igualitario.
El fallo del pasado 8 de agosto es más contundente y acorde a una opinión consultiva emitida en enero pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante una consulta del Estado costarricense.
En esa opinión consultiva la Corte Interamericana indica que es obligación de los Estados garantizar la identidad de género y los derechos familiares de la población LGBTI, incluido el matrimonio igualitario.
Esta opinión consultiva, publicada en plena campaña hacia las elecciones presidenciales, fue el tema angular del proceso electoral y según analistas catapultó al predicador evangélico del Partido Restauración Nacional Fabricio Alvarado hasta una segunda ronda contra el oficialista Carlos Alvarado.
El discurso fuerte contra el aborto, la fecundación in vitro y el matrimonio gay, aglutinó a miles de votantes alrededor de Fabricio Alvarado, que finalmente no ganó la Presidencia, pero cuyo partido sí obtuvo en los comicios un fuerte músculo político con 14 diputados en el Congreso.
Si el Congreso no aprueba ninguna ley, las dos normas quedarán automáticamente derogadas en el plazo de 18 meses.
Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos no debe haber espacio para la confusión cuando se trata de una sentencia de la Sala Constitucional y no comprenden cómo una norma es declarada inconstitucional y aún así puede seguir vigente.
Este tribunal es el máximo órgano de justicia del país al cual los ciudadanos acuden para asuntos que van desde pedir la construcción de una acera en su barrio hasta grandes reformas en los poderes del Estado o temas que dividen a la sociedad como el matrimonio igualitario.
El plazo de 18 meses, que según la Sala Constitucional busca garantizar paz social, ha sido calificado por el conservador evangélico Partido Restauración Nacional como "una inyección letal" y se ha resignado a que al final del plazo habrá matrimonio igualitario.
Esta agrupación, la segunda con mayor representación con 14 de los 57 legisladores que integran el Congreso, asegura que no permitirá el avance de ninguna ley en favor del matrimonio igualitario y que solo queda dejar correr los 18 meses.
La Iglesia Católica de Costa Rica ha dicho que respeta el orden jurídico del país, pero ha lamentado que la Sala Constitucional "ponga en entredicho el origen y la función natural de la familia".
Los grupos defensores de los derechos humanos de la población sexualmente diversa tampoco están muy contentos con el fallo de la Sala Constitucional y temen que en el plazo de 18 meses o posterior a él, los grupos conservadores encuentren vías para retardar la vigencia del matrimonio igualitario.
"Es un adefesio jurídico. Una violación total a los derechos humanos de los ciudadanos de la población sexualmente diversa", dijo a Efe el vicepresidente del Movimiento Diversidad, Víctor Hugo Monge.
El activista criticó la "cobardía" de los magistrados, quienes "no quisieron asumir su responsabilidad legal" y la trasladaron al Congreso.
En un pronunciamiento emitido hoy, el Movimiento Diversidad señala que la Sala Constitucional ha generado "un alto grado de confusión" y de "inseguridad jurídica", y que el argumento de los magistrados de buscar paz social es "estigmatizante" para la población LGBTI.
Hace 12 años la Sala Constitucional emitió un fallo sobre el matrimonio gay, en el que no declaró inconstitucional la prohibición, pero instó al Congreso a legislar en favor de los derechos de las parejas del mismo sexo.
En todo este tiempo, en el Congreso no ha avanzado ninguna de las iniciativas presentadas para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo y mucho menos del matrimonio igualitario.
El fallo del pasado 8 de agosto es más contundente y acorde a una opinión consultiva emitida en enero pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante una consulta del Estado costarricense.
En esa opinión consultiva la Corte Interamericana indica que es obligación de los Estados garantizar la identidad de género y los derechos familiares de la población LGBTI, incluido el matrimonio igualitario.
Esta opinión consultiva, publicada en plena campaña hacia las elecciones presidenciales, fue el tema angular del proceso electoral y según analistas catapultó al predicador evangélico del Partido Restauración Nacional Fabricio Alvarado hasta una segunda ronda contra el oficialista Carlos Alvarado.
El discurso fuerte contra el aborto, la fecundación in vitro y el matrimonio gay, aglutinó a miles de votantes alrededor de Fabricio Alvarado, que finalmente no ganó la Presidencia, pero cuyo partido sí obtuvo en los comicios un fuerte músculo político con 14 diputados en el Congreso.
Entradas
