Denuncia más de 3 mil recién nacidos morirán este año por malos servicios en hospitales Por: El Día

ADESA considera que la muerte de más de tres mil recién nacidos debería ser motivo para declarar en estado de emergencia la salud pública y volcar hacia este sector todos los recursos que sean necesarios.SANTO DOMINGO.-La crisis de la salud va de mal en peor sin que el Gobierno actúe en consecuencia, afirmó este lunes la Alianza  por el Derecho a la Salud (ADESA) tras revelar que cerca de tres mil niñosrecién nacidos morirán este año por la baja calidad de los servicios sanitarios.

La entidad explicó que eso significa un incremento de un 31% en las muertes neonatales con relación al año 2017, a lo que se suma la prevalencia de altas tasas de mortalidad materna y de enfermedades catastróficas y de altos costos, como son el cáncer,  la diabetes, las cardiopatías y las enfermedades renales

“ADESA está muy preocupada  ante el agravamiento de la terrible crisis de salud del país, la cual se traduce en muertes y proliferación de enfermedades prevenibles. Lo peor de esta situación  es que  Gobierno  continúa actuando  como si nada estuviera pasando y no escucha las voces que claman por un cambio de rumbo en la política sanitaria”, expresó Alba Reyes, coordinadora general de esa coalición de 56 organizaciones sociales.

Dijo que  el solo hecho de saber que este año morirán en los hospitales públicos  más de tres mil niños con menos de un mes nacidos debería ser motivo para declarar en estado de emergencia la salud pública y volcar hacia este sector todos los recursos que sean necesarios.

Lamentó que lejos de priorizar la atención estatal en salud, el Gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto para el 2019 en el que increíblemente se reduce la partida destinada a este sector, para limitarla a un 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a menos del 45% de la inversión promedio en América Latina.

La organización solicitó a la Comisión Bilateral que conoce el proyecto de Presupuesto enmendar el error cometido por el Poder Ejecutivo y en consecuencia elevar las partidas destinadas a salud en correspondencia con lo establecido en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, vigente desde el año 2012.

ADESA está muy consciente de que incrementar la inversión en salud,  por sí solo, no sacaría el sistema de la quiera en que se encuentra. Además es necesario sacar la politiquería y la corrupción de los hospitales aumentar sustancialmente la capacidad gerencial y administrativa, mejorar la rectoría y la coordinación intersectorial y priorizar el primer y segundo niveles de atención, entre otras medidas

Asegura que es obvio que fracasaron las reformas de salud iniciadas a principios de siglo, las cuales prometían el acceso universal a los servicios de salud de calidad de manera oportuna. A 18 años de esas reformas, el 70% de la población sigue atendiéndose exclusivamente en los cada vez más ineficientes hospitales públicos, donde el desorden y las carencias predominan.

Gabino Hernández, otro vocero de ADESA, dijo que  el primer nivel de atención en salud está en el piso y explicó que  solamente se han creado 1,800 unidades de atención primarias de unas cinco mil que necesita el país. Las existentes operan con grandes precariedades: locales inapropiados, personal extremadamente limitado, pocos  equipos y medicamentos y sin ningún presupuesto. Menos del 1% del presupuesto de salud se destina a educación y promoción.

También reveló que existe un  déficit de unidades de cuidados intensivos  superior al 60%, con el agravante de que las existentes están concentradas en el gran Santo  Domingo y Santiago. En ninguna de las diez provincias de la región Sur hay salas de cuidados intensivos. Por esta causa muchas personas mueren tras sufrir un accidente cardiovascular, un accidente de tránsito o sufrir cualquier otro problema de salud que requiera de atención especializada urgente.

La mayoría de los centros de salud también operan con déficit de personal, especialmente de enfermeras y médicos especialistas. De acuerdo a los estándares internacionales, en el país deberían existir 9 enfermeras por cada 10 mil habitantes. Solo tienen un tercio de esa cantidad.

En el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS) hay cerca de cuatro millones de personas afiliadas. No obstante a que éstas pagan religiosamente para obtener aseguramiento, cuando necesitan de atenciones de salud deben pagar adicionalmente un promedio del 42% de sus costos. Para ADESA se trata de un atraco contra los trabajadores.

La entidad entiende que el sistema de salud es altamente excluyente, discriminatorio. Favorece los negocios y desampara a los pobres,  “la mejor evidencia de esta afirmación la encontramos en cualquier hospital público, donde conseguir una cita con un especialista o un turno para una cirugía es como sacarse la lotería”.

Dijo que ante esta dramática situación, el pueblo y sus organizaciones estamos obligados a luchar y a exigir un cambio profundo en la política de salud del Estado.  Se requiere de una nueva reforma, con un enfoque de derecho, que tenga como objetivos garantizar servicios universales y de calidad en la atención, incrementar la inversión en salud en la proporción contemplada en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, acabar con la dispersión y la falta de liderazgo de las instituciones pública del sector y garantizar la participación de las organizaciones sociales en los mecanismos de cogobierno.FUENTE EL DIA

Aristy Escuder reitera que el Estado no pagará arbitraje por retraso de Punta Catalina

Jaime Aristy Escuder, administrador de Punta Catalina (Danny Polanco)

Santo Domingo.- El administrador de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, reiteró este lunes que el Estado no va a pagar el arbitraje de 708 millones de dólares (pagos adicionales) por concepto de atraso de la Termoeléctrica que debió entrar en funcionamiento en octubre del año 2017.

Señaló que por concepto de obras adicionales les están adjudicando 165 millones de dólares por conceptos de obras adicionales, los cuales dijo que tampoco las  van a pagar.

Advirtió que el Estado se está preparando para ganar y demostrar que atrasa se debe a ellos y que las obras adicionales tampoco son su responsabilidad.

Adelantó que el gobierno demandará al consorcio por concepto de atraso y que si gana, tendrían que devolverles 200 millones de dólares más 336 millones, “solamente por concepto de atrasa, nosotros podemos demandarlos por 195 millones de dólares”.

“Esas obras son soluciones de ingeniería que ellos llevaron a cabo y nosotros no somos responsables porque nosotros contratamos un llave en mano, es decir, que no pagarían nada extra a lo acordado”, explicó Escuder al ser entrevistado por los periodistas Pablo McKinney y Nelson Rodríguez en el programa “Enfoque Matinal”, que se difunde por CDN, canal 37, al añadir que lo que está en discusión son los 708 millones.

Informó que el año próximo iniciará una tercera etapa del arbitraje, la primera parte fue discutida internamente en donde cada uno expuso sus argumentos  y no quedaron de acuerdo. Mientras que la segunda,  que se trata de buscar árbitros  fue abortado por “no ser vinculante, o no valer la pena”.

Con relación al retraso de los desembolsos a Europa por parte del Estado dominicano, el administrador de Punta Catalina aseguró que el mismo no impactó desfavorablemente la obra porque el gobierno aportó a los mismos.

Explicó además, que el Gobierno debe buscar un fondo de unos 336 millones de dólares, los cuales cuentan con las garantías corporativas y financieras del mismo consorcio, si pierde el arbitraje.

“Si se pierde el arbitraje, vamos a suponer en 200 millones de dólares, entonces sube 200 millones de dólares, como ya se pagaron en el fondo contingente 336, ellos tienen que devolver 336 millones de dólares”, detalló.

Reveló que a diario se pierden 500  mil dólares por retraso  de la obra.

Recomendaciones al Estado

Escuder también se refirió a las  recomendaciones que fueron planteadas por la comisión que fue designada por el Ejecutivo para investigar la licitación de Punta Catalina, y citó entre ellas comprar las tierras privadas donde se levantó la planta, recuperar los 6.5 millones de dólares pagados por comisión al Banco de Desarrollo de Brasil por un préstamo que no se materializó, hacer auditorías, licitación de insumos, la aplicación de la Ley de Contrataciones, entre otros.

“Se ha estado hablando con los propietarios sobre la compra de los terrenos (…)”, enfatizó tras asegurar que Punta Catalina responderá a los intereses del pueblo dominicano.

Se trata de dos unidades de 752 megavatios (MW), los cuales se tiene previsto que satisfagan toda la demanda de electricidad del país.

Venta de Punta Catalina

Escuder aseguró  que el Gobierno está totalmente abierto en poder materializar la venta de la planta, sin embargo no han firmado ningún acuerdo con nadie.

“Hay alrededor de ocho empresas internacionales que han estado interesadas en esto y nosotros hemos preparado un paquete de informaciones confidenciales, se les suministra y ellos las están a analizando”, informó.

Aseguró que el Estado le sacará el máximo provecho al flujo libre de efectivo que generará Punta Catalina, “va a desplazar alrededor de 500 millones de dólares de ingresos que son de energía no competitiva y lo va a sustituir por ingresos de energía sumamente competitiva y eso va ayudar a generar un flujo libre de efectivo que va a favorecer todo el sistema eléctrico nacional”.

Asimismo, informó que el Gobierno no quiere perder el control total de la planta, por lo que solo el 49 % de la misma es la que podría venderse.

Sergio Cid Solano

sergio.cid@listindiario.com

Santo Domingo

Medellín es una ciudad que está en constante cambio a favor de su gente. La transformación para lograr convertirse en una ciudad funcional e integral le ha llevado más de 20 años.

Un sistema de transporte eficiente, espacios públicos adecuados para el disfrute de sus ciudadanos e infraestructuras de calidad han hecho de este lugar un espacio confortable para quienes allí viven.

Su transformación sirve de ejemplo para ciudades como Santo Domingo, que lidia con un precario sistema de transporte y cuya movilidad vial resulta un dolor de cabeza para quienes día a día andan por sus calles.

Pero, ¿Qué se ha hecho en Medellín para convertirse en lo que es hoy?

De acuerdo con el gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), regional Antioquia, Eduardo Loaiza, la sinergia que se ha logrado entre el sector público y privado, la visión de futuro y la realización de planes maestros han sido las estrategias que han permitido que Medellín sea una ciudad lógica.

“Ese trabajo articulado es muy importante en conjunto con los planes a largo plazo”, dijo a LISTÍN DIARIO.

Loaiza considera que así como Medellín ha logrado transformarse, Santo Domingo puede hacerlo de igual manera, aprovechando sus potencialidades como ciudad turística e histórica.

Indica que para conseguir un cambio se deben implementar iniciativas a largo plazo, que permitan la continuidad de los proyectos que se han decidido realizar. Es decir, que los planes vayan más allá de un período gubernamental.

“Aprovechar el potencial que tiene Santo Domingo resultará beneficioso para desarrollar una ciudad integral que complemente el turismo con la historia. Ustedes tienen cerca de todas las islas del Caribe, lo que les permitiría convertirse en un centro logístico de intercambio de llegada y salida de mercancías de todo tipo. Eso les generará ingresos de impuestos que a su vez dinamizará la economía y generará empleos”, asegura.

Explica que lo más importante es tener visión de futuro y querer hacer las cosas bien.

Crear espacios públicos, arbóreos y de movilidad.

Tener un plan que establezca lo que se quiere, cómo se quiere, dónde y quién lo va a hacer si el sector público o privado y cómo se va a financiar.

“Donde han fallado nuestras ciudades de América Latina es en que dibujamos la paloma, pero no la ponemos a volar y se pone a volar y no todo tiene que hacerlo el Estado.

Hay cosas que se hacen por peajes, recursos públicos, alianza público-privada, cooperación internacional, o simplemente el sector privado se encarga”, asegura.

Afirma que parte de la labor social del sector privado es generar recursos y empleos y convertirse en garantes para que se hagan las cosas que la ciudad necesita, no para hacer lo que convenga más a los empresarios.

INVERSIÓN NECESARIA

Estrategia. No dejárselo todo al Gobierno ha sido una de las estrategias que más le ha funcionado a Medellín. Eduardo Loaiza explica que hay iniciativas que deben realizarse desde el sector privado. “Nosotros en la ciudad teníamos sectores que por más de diez años no recibieron aportes públicos, pero nosotros decidimos financiar varias obras e hicimos aportes extraordinarios”, destaca. Plantea que las alianzas públicoprivadas son muy importantes, donde cada uno mantenga su independencia y sus roles. Donde el sector privado pueda opinar y el sector público le escuche y tome las decisiones. “Cuando salen los nuevos candidatos, el sector privado le entrega un documento donde se expone lo que se debe hacer y cómo para darle continuidad a lo bueno y al desarrollo de la ciudad, esto para que se preserve la visión a largo plazo”, dice.  

METRO

Al igual que Santo Domingo, Medellín cuenta con un sistema de transporte sobre rieles. Su metro ha sido premiado nacional e internacionalmente por su limpieza y eficiencia en el servicio que brinda.

TELEFÉRICO

La ciudad de Antioquia también tiene dentro de su sistema de transporte el metrocable o teleférico al igual que Santo Domingo.  

LÍNEAS DE BUSES

Que el sistema de transporte de Medellín sea eficiente se debe en gran medida a sus líneas de buses, los cuales tienen asignado un carril especial para ellos.

CABILDOS

Para lograr una ciudad eficiente, los cabildos deben tener cierta independencia. Loiza afirma que esto es necesario para definir los usos del suelo y su aprovechamiento. FUENTE LISTIN DIARIO

ASAMBLEA GENERAL Amenazas y ataques a libertad de expresión no han cesado pese a impacto de nuevas tecnologías de la información

DE EFE

Salta, Argentina  La Junta de Directores y la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobaron hoy la "Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital", con la que se llama a proteger el libre flujo informativo sin importar la plataforma por donde se propague.

Durante su 74 Asamblea General, que culmina hoy en la ciudad argentina de Salta (norte), la SIP emitió una declaración de 13 principios con un preámbulo en el que se destaca que el periodismo y los medios de comunicación son "actores vitales de la libertad de expresión, más allá de las plataformas en las que operan".

El texto considera que a pesar del "impacto positivo" de las tecnologías, las "amenazas y los ataques" a las libertades de expresión y de prensa provenientes de actores estatales y privados "no han cesado" y los "abusos y el mal uso" de estas tecnologías han potenciado la censura, la vigilancia o el acoso contra usuarios o periodistas.

"Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional", reza el primer principio de la Declaración.

En el texto se aboga por que las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea "abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos" y subraya que los Gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de "interés público" ni imponer "sanciones agravadas" por ser manifestadas.

"El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos", según la declaración.

El encuentro de la SIP, que reunió durante cuatro días a representantes de los principales medios periodísticos de América, comenzó el viernes con la presentación de un borrador sobre la declaración finalmente consensuada hoy.

El texto preliminar, que fue presentado por el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, el expresidente de la entidad Danilo Arbilla, y el director ejecutivo, Ricardo Trotti, hace pie en la declaración de Chapultepec en de 1994, que ya estableció diez principios sobre libertad de expresión y libertad de prensa.

"Los Estados deben garantizar a quienes cumplen la función de informar un ambiente libre de violencia y amenazas en el espacio digital. Las agresiones deben ser investigadas con prontitud y sancionadas apropiadamente", añade el nuevo documento.

Además, remarca que las autoridades no deben utilizar mecanismos de "vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos", salvo en casos en que se persiga un "fin legítimo" acorde a lo establecido en las convenciones internacionales, mientras que la "vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso".

Asimismo, las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y respetar el derecho de las personas al anonimato.

"La desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital", agrega el texto.

"Los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como respecto a los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema", añade.

También se señala que los "intermediarios tecnológicos" deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión y "no deben ceder ante presiones de gobiernos u otros grupos de poder".

"Reafirmamos que la lucha por las libertades de expresión y de prensa es esencial para la democracia y el bien común: Defenderlas día a día es honrar nuestra historia y dominar nuestro destino", concluye la declaración.

La SIP, entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está integrada por editores y directivos de más de 1.300 medios de comunicación del continente americano y tiene sede en Miami (EE.UU.).

Aquí puede leer a integridad el documento emitido hoy por la 74 Asamblea General de la SIP:

Sociedad Interamericana de Prensa
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA ERA DIGITAL 

Preámbulo
La Declaración de Chapultepec constata la fe en la democracia y en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa como forma para alcanzar instituciones sólidas, desarrollo social, libertades públicas plenas y respeto a los demás derechos humanos.

El periodismo y los medios de comunicación son actores vitales de la libertad de expresión, más allá de las plataformas en las que operan. Son claves en la búsqueda de la verdad, en facilitar la cultura democrática y en empoderar a la ciudadanía para ejercer sus libertades y gozar del derecho a la información, como resalta la Carta de Aspiraciones de la SIP.

El desarrollo de internet y las tecnologías digitales profundizan un ejercicio más abierto, diverso y plural de las libertades de pensamiento, expresión y de prensa. Permiten compartir ideas, opiniones e información de modo multidireccional, interactivo e instantáneo y tener un mayor acceso a fuentes informativas.

El ecosistema digital ha generado nuevos espacios que empoderan a los usuarios para crear, difundir y compartir información. Todo ello contribuye a alcanzar las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que la libertad de expresión se ejerza sin limitación de fronteras y exenta de amenazas y violencia.

No obstante el impacto positivo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, las amenazas y los ataques a las libertades de expresión y de prensa provenientes de actores estatales y privados no han cesado. Los abusos y el mal uso de estas tecnologías han potenciado la censura, el bloqueo de contenidos, la vigilancia, el acoso, las campañas de descrédito y otros tipos de violencia contra usuarios, periodistas y medios de comunicación.

A estos abusos se suman desafíos en la era digital que también representan riesgos para las libertades de expresión y de prensa. Entre ellos, el exceso de regulaciones estatales, la diseminación maliciosa de desinformación, ataques cibernéticos de diverso origen, un nuevo entorno con actores que ejercen un poder sustantivo en la circulación de información y una preocupante brecha digital dentro de las sociedades y entre países.

Frente a los retos, quienes defendemos las libertades de expresión y de prensa, convencidos de que estas no son una concesión de las autoridades sino derechos inalienables de las personas y de que el acceso al internet es un principio fundamental, estamos llamados a proteger y promover el libre flujo de la información sin importar la plataforma por donde esta se propague.

Principios

1. Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional.

2. La legislación y las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos. Deben considerarse los puntos de vista de todos los actores al adoptar decisiones sobre internet.

3. Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. Asimismo, los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad.  En caso de reclamos de carácter civil debe probarse que se actuó con real malicia.

4. Toda restricción y sanción ulterior que afecte el derecho a difundir, compartir o divulgar información e ideas en internet debe ser establecida por ley, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.

5. El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.

6. Los Estados deben garantizar a quienes cumplen la función de informar un ambiente libre de violencia y amenazas en el espacio digital. Las agresiones deben ser investigadas con prontitud y sancionadas apropiadamente.

7. Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso.

8. Las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado. También deben respetar el derecho de las personas al anonimato.

9. La supresión o desindexación de información sobre hechos de interés público atentan contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. La protección de datos personales y a la privacidad de las personas son derechos fundamentales, pero no deben restringir ni limitar la circulación de información de interés público.

 10. La diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados puede afectar la confianza pública. La desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital. Los intermediarios tecnológicos deben adoptar medidas de autoregulación para prevenir la diseminación deliberada de desinformación.

11. Los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores del ecosistema digital por los contenidos de interés público generados o compartidos por terceros en sus plataformas.

12. Los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como respecto a los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de la información.

13. Los intermediarios tecnológicos deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión y no deben ceder ante presiones de gobiernos u otros grupos de poder. Sus políticas y criterios que puedan restringir la circulación de contenidos deben ser claros y  transparentes. Asimismo, deben adoptar buenas prácticas para resguardar los datos personales y la privacidad de las personas que utilizan sus plataformas y servicios. En todo caso, deben disponer de mecanismos de denuncia accesibles a quienes puedan verse afectados en el ejercicio de sus derechos.

Bajo esta Declaración de Principios y con el espíritu de la Declaración de Chapultepec, reafirmamos que la lucha por las libertades de expresión y de prensa es esencial para la democracia y el bien común: “Defenderlas día a día es honrar nuestra historia y dominar nuestro destino”.DE EFE

Presidente de Haití hace cambios en su equipo tras protestas de Petrocaribe

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EFE

Puerto Príncipe

El presidente de Haití, Jovenel Moise, realizó cambios en su equipo de Gobierno, sustituyendo a su jefe de Gabinete y al secretario general de la Presidencia presuntamente involucrados en el manejo irregular de fondos de Petrocaribe, según una investigación del Senado.

El nuevo jefe de Gabinete es Nahomme Dorvil en sustitución de Wilson Laleau, exministro de Finanzas en el Gobierno de Michel Martelly (2011-2016), mientras que Jean Hilbert Lebrun será el nuevo secretario general de la Presidencia en sustitución de Yves Germain Joseph, según un decreto presidencial publicado hoy.

Además, Moise ha puesto fin a las funciones de 16 asesores.

Estos cambios se producen menos de una semana después de la última manifestación contra la corrupción convocada en el país exigiendo que se lleve ante la justicia a las personas involucradas en las presuntas irregularidades en el manejo de fondos de Petrocaribe.

El pasado miércoles, decenas de miles de haitianos salieron a las calles de la capital y otros puntos del país para exigir que se someta a la justicia a los culpables de la supuesta corrupción.

Fue la mayor manifestación realizada en Puerto Príncipe desde que en agosto comenzaran las movilizaciones contra la corrupción, cuyos promotores ya ha convocado una nueva movilización para el próximo 18 de noviembre.

Con estos cambios, el Gobierno haitiano espera aplacar las protestas y comenzar a arrojar luz sobre el caso, tal y como anunciara Moise tras esa última protesta, mostrándose partidario de investigar el manejo de las partidas.

Investigaciones del Senado haitiano apuntan al desvío de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe por parte de exfuncionarios y responsables de varias empresas para financiar 200 proyectos, pero nadie ha sido procesado por este caso hasta ahora.

Este escándalo de corrupción ha generado diversas protestas desde el pasado mes de agosto por el manejo supuestamente fraudulento de los fondos procedentes del acuerdo por el cual Venezuela suministra petróleo a precios blandos a un grupo de países de la regiónDE EFE

INCLUYE RESOLUCIÓN JCE TC deja en estado de fallo ocho acciones de inconstitucionalidad

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Wanda Méndez

Santo Domingo

El Tribunal Constitucional conoció hoy diez acciones directas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos y resoluciones.

De esas instancias, ocho fueron dejadas en estado de fallo y en dos se otorgaron plazo a los accionantes para motivar sus conclusiones y a partir de ahí quedarán en estado de fallo.

Una de las acciones de inconstitucionalidad que los jueces del TC dejaron  en estado de fallo busca la nulidad de la resolución 12-2018, dictada por la JCE que dispuso la suspensión de las actividades proselitistas en los partidos sin iniciarse el proceso electoral.  Esa resolución fue emitida por la JCE el 20 de junio del 2018. Esa acción fue sometida por el abogado Alfredo Ramírez Peguero.

Otra acción dejada en estado de fallo fue interpuesta en contra de la resolución 21/2018, que aprueba el reglamento sobre registro de actos notariales y equivalentes, emitida por el Consejo del Poder Judicial el 6 de junio del 2018.

ASALTO Asaltan familia en su residencia en San Francisco de Macorís

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Redacción Digital

Santo Domingo

Un grupo de hombres armados asaltó una vivienda la mañana de este lunes en una urbanización en San francisco de Macorís, provincia Duarte, al nordeste del país. 

En una grabación captada por una cámara de vigilancia y publicado por Agenda56, se observa el momento en que tres hombres armados y encapuchados entran al patio de la vivienda e inmediatamente proceden a encañonar a uno de los residentes que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con Miguel Vásquez, quien fue una de las víctimas del asalto, él y otros miembros de su familia vivieron 15 minutos de terror mientras los asaltantes revisaban la residencia en busca de objetos de valor.

Los criminales cargaron presuntamente con más de 700 mil pesos, varias  armas de fuego y un vehículo, denunció la familia. 

Coqui, el cocodrilo de Sabana Perdida, está en cuarentena

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Santo Domingo

Coqui, el cocodrilo que fue capturado en el sector de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, se encuentra en cuarentena y en una estancia solo para él hasta que se recupere completamente, informaron los veterinarios del Parque Zoológico Dominicano.

“Coqui tiene una estancia para él solo y se encuentra en cuarentena, por tanto, sólo los técnicos tienen acceso a él, así se mantendrá hasta que se determine que se ha recuperado completamente”, explicó el zoológico en su cuenta de Instagram.

Manifestaron que al cocodrilo le fueron realizados varios estudios con el objetivo de determinar si había consumido cuerpos extraños, como piedras y plástico, que pudiesen ser perjudiciales para su salud.

“Afortunadamente, solo se encontraron algunas piedras pequeñas en su estómago, que no representan peligro para él, ya que por su tamaño pueden ser excretadas con facilidad”, se comunicó a través de la cuenta.

ATENCIÓN MÉDICA Director de ARL califica de irrespeto actitud de la Sociedad de Ortopedia

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Doris Pantaleón

Santo Domingo

El director de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Elisaben Matos, calificó como una falta de respeto las declaraciones de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología cuando señala que ese organismo está ofreciendo una cobertura limitada a los afiliados y que tiene un catálogo desactualizado, lo cual, asegura, es totalmente falso.

Negó que esté ofreciendo a los afiliados materiales de osteosíntesis (clavos, placas, tornillos) de mala calidad ya que los mismo se adquieren en la casa suplidora de mayor reconocimiento en el país.

Matos aseguró que los afiliados están recibiendo atenciones médicas en todos los centros de salud y manifestó su disposición al diálogo con los dirigentes de la sociedad de ortopedia.

El director de la ARL ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa donde en tono enérgico respondió a declaraciones y al llamado a paro de labores desde hoy hasta el viernes convocado por la entidad que agrupa a los ortopedas, alegando diversas inconformidades con el funcionamiento de la administradora de riesgos laborales.

Según el presidente de la sociedad de ortopedas, Julio Landrón, la ARL se niega a pagar antes de los 45 días los honorarios profesionales, no autoriza los procedimientos quirúrgicos a tiempo, y los materiales que autoriza no son de calidad, lo que complica la salud del paciente, se les niega la cobertura a sus afiliados y no se les pagan las facturas, recetas ni procesos de rehabilitación.

Todos esos argumentos fueron respondidos punto por punto por el doctor matos durante el encuentro con los medios de comunicación

Eliminan 121 organizaciones sin fines de lucro del presupuesto 2019

Rueda de prensa con el ministro de Economia, Isidoro Santana y la directora del Centro Nacional de Fomento a las Asociaciones sin Fines de Lucro, Celeste Silié. Le acompaña el viceministro Yván Rodríguez.Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo

Unas 121 organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro fueron eliminadas del presupuesto a ser ejecutado en el 2019.

Así lo informó la directora del Centro Nacional de Fomento a las Asociaciones sin Fines de Lucro, Celeste Silié, en una rueda de prensa ofrecida por el ministro de Economía, Isidoro Santana, para aclarar algunas críticas respecto a los recursos asignados a las ONGs.            

“Para el Presupuesto 2019 se recomendó desestimar unas 121 organizaciones sin fines de lucro que disponían de subvención o fondos del Estado en el 2018, porque no cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa y por tanto no alcanzaron la calificación suficiente para la obtención de estos recursos”, explicó Silié y precisó que estas organizaciones consumían un monto de RD$60 millones del presupuesto.  

La funcionaria indicó que al ponerse en vigencia la Ley 122-05 para la “Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro”, solamente el 30% de estas instituciones cumplía con los requisitos de la normativa. “Es la primera vez que se está tomando en cuenta lo que son las rendiciones de cuenta, ya que no existía una cultura de rendición de cuenta”, expuso Silié y precisó que en la actualidad se asignan RD$1,896 millones a un total de 1,197 instituciones.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, explicó que el motivo de la rueda prensa era aclarar algunas informaciones interesadas que podían crear confusiones. Dijo que a la fecha existen 7,493 entidades sin fines de lucro registradas y de estas solo 1,700 solicitaron recursos al Estado.     

Respecto a la asignación de fondos públicos a organizaciones sin fines de lucro en manos de congresistas, el ministro indicó que esa ha sido una práctica habitual durante mucho tiempo, lo que dijo se ha venido corrigiendo y que lo más probable es que “no quede ninguna ya”.

“Con los procesos que estamos siguiendo últimamente más que fijarnos en quién dirige una organización, nos fijamos en los objetivos y particularmente en su programa”, sostuvo.

Agregó que mientras sea para realizar una labor de bien social y eso esté adecuadamente documentado “nosotros no tenemos problemas en seguirles apoyando”. El funcionario expuso que se supone que si una institución pertenece a algún congresista no debe recibir fondos del Presupuesto Nacional.

Santana manifestó que las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) juegan un rol significativo en el logro de los objetivos públicos y que algunas pueden cumplir responsabilidades de forma ágil, más eficiente y más económica que algunas instituciones del Estado.

Rueda de prensa con el ministro de Economia, Isidoro Santana y la directora del Centro Nacional de Fomento a las Asociaciones sin Fines de Lucro, Celeste Silié. Le acompaña el viceministro Yván Rodríguez.

COMUNICADO Fiscalía apelará descargo del mayor Elvin Rodgers en juicio de fondo banda John Percival

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Santo Domingo

El Ministerio Público apelará la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que descargó al mayor del Ejército Elvin Roberto Rodgers Rodríguez, acusado de proporcionar las armas de fuego utilizadas en los asaltos cometidos por la banda que lideraba el fallecido John Percival Matos.

Así lo informó la Procuraduría General de la República en un comunicado, donde expresa su rechazo a la decisión, por entender que existe contradicción e ilogicidad en la valoración que hizo el tribunal en cuanto a las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso en contra del acusado Rodgers Rodríguez.

Además, indicó que la calidad habilitante del funcionario del Ministerio Público, cuestionada por la barra defensora y acogida por el tribunal, está amparada en el artículo 24 de Ley Orgánica 133-11 del Ministerio Público.

De igual forma, señaló que en las motivaciones de la sentencia también se tomaron en cuenta los argumentos establecidos por los abogados de la defensa, quienes alegaron que no le fue presentada ni notificada la orden de allanamiento a su cliente, cuando el Ministerio Público sí cumplió con el debido proceso conforme a lo que establece la norma, procediendo a presentarle dicha orden.

La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, señaló que hubo una aplicación errónea de la ley respecto al fallo de absolución dictado a favor del mayor del Ejército, por las referidas contradicciones en la valoración que hizo el tribunal de las pruebas presentadas en contra del encartado.

Se recuerda que en el allanamiento ejecutado en la vivienda del acusado, en virtud de la orden judicial No. 0002-2017, se ocuparon diez tipos de armas de fuego, de las cuales Rodgers Rodríguez solo tenía asignada la del Ejército mientras que de las demás no tenía ningún tipo de documentación en franca violación a los artículos 66 y 67 de la nueva Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El pasado 11 de octubre el tribunal pidió 30 años de prisión para  Brayan Peter Félix Paulino (Mariachi) y para Francisco Alberto de Jesús Caraballo,

Asimismo, pidió condenar a 15 años de prisión a Reyvi David Corporán Adames (Culebra o el Mecánico) y Javier de Jesús Fernández Perelló, mientras que a cinco años de prisión pidió que fuera sentenciado Elvin Rodgers Rodríguez.