EFE
La Dirección General de Aduanas (DGA) calificó como impropio de alguien que ocupa el papel de juez en una sociedad organizada los "improperios y expresiones racistas" vociferados en plena audiencia por la magistrada Ingrid Liberato, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, en contra de los abogados Vilma Méndez y Blas Santana al ser recusada por éstos en ejercicio del legítimo derecho.
En ese sentido, el organismo expresó un "enérgico rechazo" al comportamiento cuestionable de una instancia que está llamada a servir de ejemplo a la sociedad dominicana y a elevar el necesario prestigio que debe rescatar prontamente la justicia del país, si es que se quiere superar algunos de los males que nos aquejan.
La institución defendió las actuaciones de sus abogados y resaltó que los mismos son profesionales del derecho que, en el caso del doctor Santana, se desempeñó durante varios años como Procurador de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago, entre otras ocupaciones de gran responsabilidad.
Por su parte, la licenciada Méndez, es una profesional que posee las calidades jurídicas y las experiencias que la han llevado a representar a esa institución en los tribunales de la República por más de 5 años laborando para la entidad. Destaca que esta profesional ha calificado para optar como miembro de la carrera de Ministerio Público.
Mediante un comunicado de prensa, el organismo recaudador del Estado sostuvo que sus abogados son profesionales del derecho a toda prueba a los que se les ha delegado el compromiso institucional de defender los intereses del Estado en las instancias judiciales.
"La DGA tiene la esperanza de que estas penosas manifestaciones no representen una actuación deliberada y reveladora de compromisos que destruyan las posibilidades de una justicia sana y firme ante un caso tan delicado y tan evidente como el de que se trata", expresa el comunicado.
Precisa que los abogados de la institución tomaron la acertada decisión de recusar a la magistrada Liberato con base en el artículo 78, numerales 6,7 y 10 del Código Procesal Penal, que constituye una herramienta a manos de los litigantes a la hora de ejercer en buen derecho cuando las actuaciones de los que administran justicia se ven afectadas por una o varias de las causales que ahí se establecen claramente.
"La imparcialidad es obligatoria en la administración de justicia. Desdeñar y pretender descalificar a los profesionales del derecho que la procuran es una manera de evidenciar una parcialidad que, en el caso que nos ocupa, manda un mensaje funesto a la sociedad en general", indica la institución en un comunicado.
La DGA destaca que esta misma jueza es la que le varió la medida de coerción de un año de prisión por la de "garantías económicas o presentaciones periódicas" a todos los implicados en el proceso seguido a ex empleados de la DGA envueltos en un desfalco en contra de la institución ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Santiago y que envuelve a una pasajera que ingresó al país con una indeterminada suma de dinero.
La DGA observa que cotidianamente connotados y no tan conocidos profesionales del derecho hacen uso del recurso legítimo de recusar a jueces, sin que ello haya provocado reacciones que podrían ser calificadas de primitivas.DE EFE
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