“En las líneas de investigación que vinculan a Santiago Hazim hay otras personas que están involucradas que el Ministerio Público investiga; en el caso de Ángel Luis hay otras personas involucradas que el Ministerio Público investiga y en el caso del Oncológico es una investigación abierta; también pudiera llegar hacia otras personas”, dijo Camacho.
El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho Al explicar que han aprendido a reducir el número de implicados en los entramados de corrupción, para que se conozca más rápido en los tribunales, Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, indicó que el caso que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa) está afectado por tres estructuras, que a su vez tienen ramificaciones.
Al ser entrevistado en el programa El Día (Telesistema, canal 11), detalló que la primera estructura que ha afectado el Senasa la lideró Santiago Hazim, exdirector de esa entidad.
La segunda fue encabezada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, ex auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas, “que pertenece a una línea de investigación que involucra a otras personas que están pendientes de ser procesadas”, y una tercera, la del Oncológico de Santiago.
“En las líneas de investigación que vinculan a Santiago Hazim hay otras personas que están involucradas que el Ministerio Público investiga; en el caso de Ángel Luis hay otras personas involucradas que el Ministerio Público investiga y en el caso del Oncológico es una investigación abierta; también pudiera llegar hacia otras personas”, dijo Camacho.
“Este caso es tan grande que nosotros no estamos convencidos de que un 2.0 sea suficiente para abarcar a todas las personas que han sido involucradas, porque, partiendo de la experiencia, nosotros hemos procurado reducir un poco el número de imputados en los procesos, aunque eso implique tener que hacer más versiones del mismo caso, para procurar que los casos se conozcan más rápido en los tribunales”, continuó explicando a las periodistas Edith Febles y Amelia Deschamps.
En varias ocasiones, el Ministerio Público ha informado que presentará el Senasa 2.0 como parte de las investigaciones que se han realizado en este caso.
En diciembre del año pasado, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Mientras que en prisión domiciliaria se encuentran Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella.
En el caso que involucra al exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en Senasa, Ángel Luis Guzmán Vásquez, un juez también le impuso, en mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva.
Según el órgano acusador, Guzmán Vásquez está vinculado a la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Estado dominicano y en perjuicio del Seguro Nacional de Salud cuando ocupaba el cargo desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022.
“Su rol, a pesar de ser auxiliar de un departamento, era el hecho de tener acceso a las fuentes de información. Tenía acceso a los programas; tenía acceso a códigos privilegiados; incorporó códigos de médicos. Facturaron servicios sin ser ofrecidos porque tenía todos los accesos siendo empleado de la institución”, señaló Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mientras que este mes, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva en contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC. También, contra Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta, y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Los tres supuestamente sustrajeron a través de maniobras fraudulentas fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud en perjuicio de los pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
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