Las investigaciones sacaron a la luz pública denuncias, conflictos internos, cambios forzosos en la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y acciones judiciales que durante meses generaron preocupación.
Instalaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) en Santiago.En las primeras horas de la mañana del sábado, una información circulaba de forma recurrente y profusa en la ciudad: el Ministerio Público había apresado a al menos tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Las investigaciones sacaron a la luz pública denuncias, conflictos internos, cambios forzosos en la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y acciones judiciales que durante meses generaron preocupación.
Las primeras alertas surgieron con las quejas de médicos y pacientes sobre el manejo interno de la institución.
Estas incluían la atención a personas de escasos recursos en áreas de emergencia mientras recibían quimioterapia, cuestionamientos sobre la transformación de espacios comunes y decisiones administrativas que provocaron un profundo quiebre institucional.
La crisis alcanzó su punto más tenso cuando, tras una asamblea general extraordinaria y el reconocimiento de nuevos miembros del Patronato por parte de la Procuraduría de Santiago, se produjo un cambio forzoso de gestión.
Esto conllevó la juramentación de una nueva directiva encabezada por el doctor Iván Alexis Mercader Mateo y la salida de la administración de Héctor Antonio Lora Cruceta.
Con la llegada de las nuevas autoridades comenzaron a ventilarse presuntas irregularidades administrativas y financieras, las cuales posteriormente fueron depositadas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El presunto fraude a SeNaSa
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la estructura investigada habría utilizado al Instituto Oncológico Regional del Cibao para sustraer, mediante diversas maniobras fraudulentas, millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en perjuicio de pacientes del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
El expediente señala que Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, junto con las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían participado en distintos mecanismos para desviar recursos destinados a la atención médica.
El Ministerio Público sostiene, además, que la red contó con la participación concertada de otros empleados y allegados al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Como consecuencia de estas imputaciones, los arrestados deberán responder por presunta asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Los allanamientos
La Operación Onco14 fue ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Pepca y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
Durante los operativos en propiedades vinculadas a los investigados se ocupó dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, títulos de propiedad y equipos electrónicos que serán incorporados al proceso como evidencia.
El control del Patronato
Según el órgano acusador, Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente del Patronato y de la Junta Directiva del IORC en octubre de 2018, mientras que Dilcia Isabel Vargas Sánchez fungió como vicepresidenta.
A pesar de que los estatutos establecían un período de dos años para el ejercicio de la presidencia, Lora Cruceta permaneció en el cargo hasta el 6 de octubre de 2025.
El Ministerio Público afirma que estas actuaciones evidencian un interés por mantener el control de la institución para disponer de sus recursos económicos y aprovechar las aportaciones benéficas.
Las pesquisas provocaron el arresto de Lora Cruceta; de su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán (presidenta de la Fundación Tócate RD); y de su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien operó simultáneamente como vicepresidenta y auditora del patronato durante dicha gestión.
La postura de la defensa
Tras concluir los interrogatorios, el abogado de Lora Cruceta, Juan Francisco Rodríguez Consoró, informó que el Ministerio Público presentará una solicitud de medida de coerción en las próximas horas.
Sin embargo, sostuvo que la acusación carece de fundamento al tratarse de una institución sin fines de lucro que, según afirma, "nunca recibió un peso del Estado".
Rodríguez Consoró explicó que los interrogatorios se centraron en el manejo de donaciones privadas y operaciones internas, reiterando que sus defendidos no gestionaron fondos públicos.
Plazo legal
El Ministerio Público tiene hasta la mañana de este lunes para depositar formalmente la solicitud de medida de coerción contra los tres detenidos, quienes permanecen bajo custodia judicial.
El equipo de persecución, integrado por Mirna Ortiz (Pepca), Wilson Camacho (Dirección General de Persecución) y la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, continúa trabajando de forma conjunta en el procesamiento de las evidencias del caso.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario