jueves, 16 de diciembre de 2010

PRSC sugiere activen Fondo de Fomento a Educación

SANTO DOMINGO.- En un aparente cambio de actitud frente al gobierno de Leonel Fernández, del cual ha sido aliado, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) exigió a este último que cumpla “plenamente, no parcialmente” lo que manda la ley 66-97 sobre los recursos para la educación.


En un documento, que fue leído en rueda de prensa por los dirigentes Ramón Rogelio Genao y Guillermo Caram, aboga que además porque sea puesto en “plena vigencia” el denominado Fondo Nacional de Fomento de la Educación, establecido en el artículo 197 y siguientes de la Ley General de Educación, manejado por cinco miembros nombrados por el Consejo Nacional de Educación.


El PRSC dice que aunque apoya los reclamos de la sociedad por aumentar el gasto educativo, considera que esta medida debe ser acompañada de una mejoría de la calidad del mismo. “Aumentar simplemente el gasto sin mejorar la calidad se traduciría en aumento del dispendio y la corrupción”, observa.

Dos medidas



A su juicio, con dos simples medidas podrían recaudarse la mitad de los recursos para educación que manda la ley. Son ellas la racionalización del gasto y laa imposición de un trituto a ganancias súbitas y excesivas.

El documento



El texto del documento del PRSC es el siguiente:


"EL PRSC desea dejar constancia, de entrada, que enmarca la presente lucha sobre mayores recursos a la educación dentro de la crisis social e institucional que afecta la nación dominicana.



La percepción de que estamos en una crisis no es exclusiva PRSC sino es incluso reconocida dentro de las propias esferas gubernamentales. El Informe de los consultores franceses encabezados por Jacques Attali, contratados por el Presidente Fernández en uno de sus viajes a Paris, nos diagnosticó como una “sociedad poco educada” un pueblo con un “sentimiento de abandono” por “la desconfianza en las instituciones nacionales”; pronosticando que si no corregimos estos males, nuestra nación puede que no tenga lo que ellos, no nosotros, llaman una “segunda oportunidad” .



El informe Attalí calificó nuestro sistema escolar como de los “menos eficaces de la región” por su alta tasa de abandono y repetición y por la mala calidad de la enseñanza precisando que “los alumnos dominicanos son particularmente malos en…lengua española y matemáticas”.



Atribuye ésta situación primeramente al inadecuado gasto educativo; y luego al bajo nivel de los profesores y a la poca autonomía de los centros educativos.



Hay que comenzar pues, con el gasto educativo; no solo en su cantidad sino en su calidad puesto que de nada serviría aumentar el gasto si es para seguir intoxicando alumnos a través del desayuno escolar, o modificando planes de enseñanza subrepticiamente para cambiar libros de textos y ampliar negocios con editores, o dotando a la sede del Ministerio de infraestructuras extravagantes mientras las escuelas permanecen carentes de pupitres, material didáctico y servicios sanitarias.



De allí nuestra posición de apoyar los reclamos de la sociedad por aumentar el gasto educativo. Pero tiene que acompañarse de una mejoría de la calidad del mismo. Aumentar simplemente el gasto sin mejorar la calidad se traduciría en aumento del dispendio y la corrupción.



Por estas razones proponemos cumplir plenamente, no parcialmente, lo que manda la ley 66-97 sino que la mayor dotación de recursos que se asigne hasta aproximarse al 4% del PIB o el 16% del Presupuesto; poniendo en plena vigencia EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN establecido en el Art. 197 y siguientes de la Ley General de Educación.



Este fondo está integrado por cinco miembros nombrados por CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, con lo que se elimina las posibilidades de dispendio y corrupción. Y podría estar nutrido, además de lo que indica dicha ley, por las consecuencias de las siguientes medidas:



I La racionalización del gasto, también sugerida, por los consultores franceses, como premisa indispensable para nuevas imposiciones que aumenten la presión tributaria. Incluiría, entre otros:



a) De las economías obtenidas en los pagos por la deuda pública y su renegociación para disminuir los intereses y los plazos de pagos.



b) Las economías obtenidas por la plena aplicación de la Ley de Compras Gubernamentales, partiendo del sector eléctrico, que por no aplicarse, hace que el subsidio eléctrico termine en los bolsillos de generadores.



c) La reducción de subsidios que termina enriqueciendo a sectores económicos (energía, transporte, etc



d) Eliminación de nóminas y subsidios vinculados al clientelismo político, así como la suspensión del pluriempleo oficial



e) Eliminación de publicidad desvinculada del tipo de servicios que están ofreciendo las instituciones, no los que deben ofrecer y no ofrecen; y/o aquellos que fomenten el culto a la personalidad



II La imposición de un trituto a ganancias súbitas y excesivas en poco tiempo originadas en:



a) ganancias por negocios ilícitos sobre muebles y propiedades inmobiliarias, ostentosamente visibles,



b) incrementos precios en productos derivados de nuestros recursos naturales como es el caso del precio actual del oro en comparación con el negociado en el contrato de la Barrick Gold



c) los cobros ilegales e ilegítimos de parte de empresas; como es el caso las telefónicas a empresas dominicanas por aparecer en directorios telefónicos sin que éstas hayan dado su consentimiento, lo cual sería acreditado como crédito fiscal a les empresas perjudicadas.



Como ilustración basta señalar que en el presente están cobrándole más de RD$ 2 500 pesos mensuales a 130 000 empresas dominicanas anunciadas en el directorio telefónico lo cual produciría hasta RD$ 4 000 millones de facturación súbitas y excesivas, ilegal e ilegítima.



d) las ganancias de generadores energía por vender a precios excesivos el kwh. La diferencia entre el costo/kwh de electricidad ofrecida por Puerto Rico y la comprada por las distribuidoras estatales a generadores privados es de 5 cts de dólar, lo que pudiera implicar unos 700 millones de US$ o RD 26 000 millones, prácticamente igual al subsidio eléctrico.



Obsérvese que solo con éstas últimas dos medidas podría recaudarse la mitad de los recursos para educación que manda la ley.



La renegociación de contratos mineros emprendida por los gobiernos del PRD encabezados por Don Antonio Guzmán y del PRSC por Joaquín Balaguer constituyen precedentes sobre la primera parte de esta propuesta. Y las leyes de precio tope y de plusvalía, propiciada por los gobiernos de Balaguer y Bosch, constituyen precedentes de una ley de enriquecimiento súbito.

Solo se requiere voluntad política y valentía para satisfacer este reclamo nacional".

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