Aunque la Corte reconoció el derecho constitucional del imputado a ser asistido por su abogada de confianza, la jueza fue clara al establecer límites basados en la normativa vigente y los tiempos procesales.
Donni Santana, expresidente del Consejo Nacional de Frontera. La Corte de Apelación de San Cristóbal aplazó para el 30 de julio, la audiencia en la que se conocerá el recurso interpuesto por el Ministerio Público contra el permiso laboral concedido al exembajador Donni Santana, quien cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad.
El tribunal de alzada, presidido por la magistrada Luz del Carmen Matos dispuso la suspensión de la audiencia luego de que la defensa de Santana, la abogada Manuela Orozco, presentará una licencia médica ante la inminente intervención quirúrgica a la que será sometida, lo que obligó al tribunal a reprogramar el conocimiento del recurso de apelación.
Aunque la Corte reconoció el derecho constitucional del imputado a ser asistido por su abogada de confianza, la jueza fue clara al establecer límites basados en la normativa vigente y los tiempos procesales.
En ese sentido, ordenó al exfuncionario designar un nuevo abogado para la próxima audiencia, bajo el principio de que los procesos judiciales deben avanzar pese a los contratiempos personales de los actores procesales.
La presidenta de la Corte aclaró que, si bien se espera una pronta recuperación de la abogada titular, el proceso penal no puede quedar supeditado a contingencias de salud.
Por tanto, advirtió que el tribunal posee la potestad legal de exigir un sustituto para evitar futuras suspensiones que dilaten el proceso de apelación.
Recordó que la norma procesal establece plazos específicos 10 días para el conocimiento de recursos y 45 días para la fijación de audiencias, los cuales deben ser estrictamente respetados para garantizar una "justicia al día".
Asimismo, señaló que el sistema procesal actual contempla mecanismos claros de reemplazo para todas las partes, incluyendo al Ministerio Público y al juez, por lo que la defensa técnica no debe ser un factor de dilación injustificada.
El Ministerio Público busca que sea revocada la decisión emitida por el juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, mediante la cual se autorizó al ex funcionario a salir del recinto penitenciario bajo la modalidad de permiso laboral.
La medida, otorgada en junio de 2025, permite a Santana trabajar de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y días feriados deben permanecer bajo arresto domiciliario, una disposición que el órgano acusador pretende dejar sin efecto tras impugnar la resolución ante la Corte de Apelación.
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