El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, general Rolando Rosado Mateo, en una carta de 11 páginas que remitió al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, calificó de "draconiana reducción" la hecha a los porcentajes destinados a la entidad para que se los asignen a la Procuraduría General de la República, medida con la que afirmó, "jamás" podría estar de acuerdo.
Agregó que la disminución del 50% de los recursos detinados a la institución sería "el tiro de gracia" a la entidad.
Rosado Mateo envió la comunicación a Jiménez Peña el mismo día en que éste convocó a la firma de un documento en que se hacía constar el convenio al que habría arribado con La DNCD y el Consejo Nacional de Drogas.
Mabel Féliz, presidenta de la última entidad, también negó que suscribiera el documento sobre la distribución de recursos en la modificación a la Ley 72-02 de Lavado de Activos.
Asimismo, Rosado Mateo en su correspondencia señala a Jiménez Peña que la DNCD opera con un presupuesto que arrastra un déficit mensual de millón y medio de pesos.
Afirmó que no puede ser más ilustradora para la DNCD la experiencia de la Policía que, indicó, atraviesa por una severa carencia de recursos, luego que fuera despojada de las partidas provenientes de la emisión de los documentos de No Antecedentes Policiales y de las multas por infracción de tránsito, que pasan a la Procuraduría General.
Rosado Mateo expresó que de la única forma que podría estar de acuerdo con la participación del Ministerio Público es con un beneficio porcentual que sería destinado exclusivamente a incentivar a los fiscales litigantes con el objetivo de obtener mejores sentencias.
Enfatizó que el MP en estos momentos custodia y administra al mismo tiempo los bienes sujetos a decomiso y que su distracción en tales funciones provoca una deficiente presentación de los casos en materia de Lavado de Activos a causa de un seguimiento deficiente en la formulación y sustentación de acusaciones.
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