BOGOTA, Colombia (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de 10 personas durante la retoma en noviembre de 1985 del Palacio de Justicia, se informó el jueves.
El documento de 212 páginas y cuya copia obtuvo The Associated Press responsabilizó a la nación colombiana "por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica" de las 10 personas, entre ellas Irma Franco Pineda, guerrillera del Movimiento 19 de Abril o M-19.
La CorteIDH ordenó resarcir económicamente a los familiares de los desaparecidos.
El 6 de noviembre de 1985 la guerrilla asaltó la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).
El gobierno ordenó entonces la retoma del Palacio y a lo largo de casi dos días de enfrentamientos armados murieron un centenar de personas, entre ellas los rebeldes y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema. También fueron dadas por desaparecidas 10 personas, la mayoría empleados de la cafetería de la sede judicial.
La toma del Palacio y la respuesta de los militares dieron paso a una madeja judicial: procesos penales se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales hasta que la Fiscalía General comenzó en 2005 a investigar nuevamente el caso desde cero.
La Fiscalía ordenó entonces la detención de varios militares retirados, incluido el coronel Alfonso Plazas vega, cuyo juicio por desaparición forzada comenzó a mediados de 2008.
La máxima pena en Colombia por el delito de desaparición es de 40 años de cárcel.DE AP
La CorteIDH ordenó resarcir económicamente a los familiares de los desaparecidos.
El 6 de noviembre de 1985 la guerrilla asaltó la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).
El gobierno ordenó entonces la retoma del Palacio y a lo largo de casi dos días de enfrentamientos armados murieron un centenar de personas, entre ellas los rebeldes y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema. También fueron dadas por desaparecidas 10 personas, la mayoría empleados de la cafetería de la sede judicial.
La toma del Palacio y la respuesta de los militares dieron paso a una madeja judicial: procesos penales se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales hasta que la Fiscalía General comenzó en 2005 a investigar nuevamente el caso desde cero.
La Fiscalía ordenó entonces la detención de varios militares retirados, incluido el coronel Alfonso Plazas vega, cuyo juicio por desaparición forzada comenzó a mediados de 2008.
La máxima pena en Colombia por el delito de desaparición es de 40 años de cárcel.DE AP
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