La construcción de una planta de explosivos y almacenamiento de pólvora en las instalaciones de la minera Barrick Gold en Pueblo Viejo, provincia Sánchez Ramírez, es improcedente, no solo porque viola las normas y estándares establecidos, sino porque afectaría de manera directa la seguridad nacional, la industria local y la economía del país, pues la producción actual tiene capacidad para suplir la demanda nacional e internacional.
La afirmación se desprende del informe preliminar realizado por Departamentos Especiales del Ministerio de Defensa, luego de un “exhaustivo” estudio en el que se establece con claridad que el trabajo con explosivos es una actividad de alto riesgo, regida por normas y reglamentaciones específicas, estándares de calidad precisos y bajo la absoluta responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, el informe es claro en afirmar que las operaciones con explosivos se rigen por la Constitución de la República, Ley 262 sobre sustancias explosivas, Manual de procedimientos para el manejo de armas, explosivos y químicos de las Fuuerzas Armadas, Ley 241 de Tránsito, Ley 16-92 que crea el Código de Trabajo, Ley 522-06 sobre Reglamento de Seguridad y Salud, además de las normas MSHA en 30 CFR y OSHA de 29 CFR.
El documento señala que tomando en cuenta lo establecido anteriormente, la autorización para la construcción de una planta de explosivos, además de la consulta con los expertos de las Fuerzas Armadas, debe tener conexión con los organismos que la componen y con los centros de respuesta a emergencias, "condiciones que no se cumplen en el caso de Barrick Gold".
En cuanto al almacenaje de grandes cantidades de materia prima y productos peligrosos para la seguridad nacional, el informe deja claro que en la mina de Barrick Gold no se cuenta con las medidas de seguridad necesarias en virtud de que los guardias de seguridad no poseen experiencia en el manejo de sustancias explosivas, además de que en “una mina de dimensiones inmanejables no se puede garantizar la seguridad en toda el área lo que la hace completamente vulnerable”.
“En Barrick Gold no se ha instalado un destacamento cerca de los polvorines que funcionan en la actualidad, autorizados en 2010, y el oficial y soldados a cargo deben recorrer largas distancias para cumplir con sus funciones de vigilancia”, por tanto, esos “polvorines sin vigilancia”, representan un gran peligro, pues están situados en los terrenos de una comunidad inconforme por los procesos efectuados en la mina Pueblo Viejo-Barrick Gold en la que se escenifican protestas e incontables huelgas, lo que constituye una situación de riesgo dentro y fuera de las instalaciones de la empresa minera.
En el caso Barrick Gold, el informe se extiende a las condiciones medio ambientales, ya que según explica, “a pesar de los equipos disponibles, las descargas eléctricas ocasionadas por tormentas debido a la ubicación geográfica y la concentración de minerales, se registra una gran cantidad de muertes y daños materiales que denota la vulnerabilidad y peligrosidad de la zona, por lo que la instalación de una planta de explosivos debe alertar a las autoridades competentes”.
Explican además que en virtud de que la producción actual tiene capacidad para suplir la demanda local e internacional, es innecesaria la construcción de otra fábrica de explosivos.
“Las plantas de explosivos del país tienen la capacidad de suplir diez veces su demanda, incluida Barrick Gold, por tanto puede garantizar simultáneamente el suministro de materiales explosivos a otros mercados como Las Antillas y al vecino Haití, contribuyendo al ingreso de divisas al país”.
Otro aspecto relevante es que “como garantía para el Estado, todos los accionistas y representantes de las fábricas de explosivos residen en República Dominicana, lo que no ocurre con Barrick Gold”, a fin de garantizar un manejo oportuno, adecuado y responsable de todo el proceso junto a los responsables de la seguridad nacional.
De manera contundente expresan que “una fábrica de explosivos debe cumplir con los más altos estándares internacionales de seguridad requeridos por el Institute Marker of Explosive, además de todos los permisos de FFAA y el Ministerio de Medio Ambiente, entidades que expiden certificaciones y permisos para la manipulación de explosivos tales como: licencia oficial para la importación de sustancias químicas, licencia oficial para la fabricación de sustancias explosivas, licencia oficial para desnaturalizador de sustancias explosivas y permiso ambiental”.
Además, dicen, “independientemente de la legislación antes señalada, el solo hecho de otorgar permiso para la instalación de otra planta de explosivos, abre la posibilidad de que otra empresa, local o extranjera, pueda vender material bélico dentro y fuera del país, aumentando el nivel de riesgo en seguridad en territorio dominicano”.
En ese sentido, concluyen de manera contundente en que la construcción de una planta dentro de un proyecto exento de impuestos, significa para el Estado dejaría de percibir “un sin número de ingresos, afectando así la economía nacional y el desarrollo del país”.
“La construcción de una planta de explosivos fuera de la jurisdicción de la Intendencia de Material Bélico, implicaría para las FFAA, desde el punto de vista del control absoluto, una brecha en el precepto de la seguridad nacional, por lo que la aprobación de ese proyecto de parte de la Barrick Gold, entraría en contradicción con lo establecido en las leyes, reglamentos y disposiciones de las FFAA”.
Finalmente, el informe objeta la construcción de una nueva planta de explosivos de parte de Barrick Gold, ya que la existente, además de cumplir con todas las normativas y suplir la demanda nacional y de naciones vecinas, vela con responsabilidad por la seguridad de los habitantes y de la nación, “además de los beneficios económicos, mayor estabilidad y control en seguridad y cumplimiento a cabalidad de las leyes vigentes”.
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