Santo Domingo EFE
El escándalo de los sobornos de Odebrecht, que ha originado una movilización social contra la corrupción sin precedentes en República Dominicana, marcó la agenda al golpear a los dos principales partidos políticos y ha afectado la popularidad del gobierno de Danilo Medina.
La gran dimensión del caso Odebrecht, que reconoció haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para acceder a contratos entre 2001 y 2014, conmocionó a la sociedad dominicana que este año salió masivamente a las calles en contra de la corrupción.
El hartazgo de los ciudadanos ante la corrupción y la impunidad se hizo patente en seis multitudinarias marchas en diferentes puntos del país, convocadas por el movimiento "Marcha Verde", que surgió en enero tras conocerse el caso Odebrecht y que agrupa a diferentes organizaciones sociales.
Tras el éxito de sus convocatorias, "Marcha Verde" estudia ahora la ruta que seguirá en 2018 para seguir exigiendo el fin de la impunidad mientras el caso Odebrecht sigue su camino en la Justicia.
Por el caso Odebrecht fueron imputados el pasado mes de mayo 14 empresarios y políticos de los gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
Entre ellos, el ahora exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, el presidente del PRM, el principal partido de oposición, Andrés Bautista, así como el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que distribuyó los 92 millones de dólares en sobornos, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un importante dirigente del PLD.
De los 14 imputados, 8 fueron enviados a prisión preventiva en junio, pero posteriormente consiguieron que un juez variara las medidas de coerción y ya todos se encuentran en libertad condicional, mientras las autoridades se concentran en ampliar las investigaciones, que deberán concluir en febrero próximo.
Las detenciones tuvieron lugar poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en ese país caribeño.
El caso de Odebrecht se suma a otros casos de corrupción que se destaparon este año en República Dominicana, segundo país de América Latina, después de México, donde se pagan más sobornos, según un informe publicado en octubre pasado por la ONG Transparencia Internacional.
Este escándalo también ha afectado a la popularidad del presidente Danilo Medina, y según una encuesta divulgada en noviembre por la firma Gallup, el 68 % de los entrevistados calificó como negativo el desempeño en la lucha contra la corrupción en esta gestión.
Además de los casos de corrupción, los altos índices de delincuencia, la principal preocupación de los dominicanos, fueron la tónica en este 2017, en el que el gobierno de Medina consiguió mantener un alto crecimiento de la economía, aunque inferior al de años anteriores, y este año se espera que termine con un crecimiento de un 5 %.
Aunque aún quedan tres años para las elecciones, en el país ya se ha abierto el debate sobre si Medina optará o no por la reelección aunque la Constitución lo prohíbe, lo que ha ocasionado desavenencias internas en el PLD.
En el terreno internacional, República Dominicana, que ha sido este año escenario del diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana en busca de una solución a la grave crisis en ese país, continuará acogiendo las conversaciones el próximo año al tiempo que ocupará la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) durante el primer semestre de 2018.
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