El Ministerio Público volvió a sorprender al país, ayer por la tarde, al revelar que abrió una investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), por obstruir la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales durante el gobierno del expresedente Danilo Medina.
La pesquisa está siendo llevada a cabo por los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.
Las investigaciones son sobre los manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas.
Como parte de la pesquisa el Ministerio Público interrogó este viernes al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y al secretario, Carlos Noés Tejada Díaz.
La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se encuentra inmersa en múltiples investigaciones referentes a denuncias y querellas sobre irregularidades en distintas instituciones de la administración pública.
En ese contexto, la Pepca sostiene que ha remitido reiteradas comunicaciones en las que solicita información a la Cámara de Cuentas.
Sin embargo, sus miembros han respondido con evasivas, “teniendo además el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en manejos irregulares, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias”, resaltó el órgano de la persecución penal.
Añade que esta actitud de quienes integran la entidad superior externa de control fiscal de los recursos públicos “se constituye en obstrucción a la justicia y los convierte en objeto de investigación.
La obstrucción de justicia está definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), que establece la obligación de los funcionarios públicos a ofrecer la información requerida, cuya desobediencia se castiga según indica el artículo 188 del Código Penal Dominicano.
El citado artículo señala: “La pena de la reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieran requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima”.
Abinader había pedido su renuncia
Las investigaciones se producen seis meses después de que el presidente Luis Abinader durante un discurso pidiera al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, que renunciará a su posición.
Sin embargo, este prometió que lo haría, pero por recomendación de la encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, no lo hizo hasta que concluya su mandato.
Se recuerda que la denuncia del presidente de la Cámara de Cuentas, sobre dificultades que puso a ese órgano el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la auditoría a los fondos públicos que recibió a través de la Junta Central Electoral (JCE) en los años 2012 y 2016, conllevó a una investigación por parte del Ministerio Público.
En esa ocasión, fue interrogado el presidente interino del PLD, Juan Temístocles Montás. Además, han comparecido a la Pepca y Dirección de Persecución el contralor del PLD, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas, según información de la Procuraduría.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez, visitó la Procuraduría General los días 9 y 30 de septiembre para tratar diversos temas, incluyendo el de las auditorías al PLD que dieron lugar a unas diligencias de parte de la Pepca y la Dirección de Persecución. En esa ocasión, la procuradora Miriam Germán Brito explicó que el PLD estuvo tratando de obstaculizar las auditorías de la Cámara de Cuentas.
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