Dictan prisión preventiva a 5 de los 12 implicados en la Operación Gavilán

 

De acuerdo al Ministerio Público, la red borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas.

El juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, dictó medida de coerción contra  los implicados en operación Gavilán.                                                                                                                       El juez Rigoberto Sena, del Segundo Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, dictó medida de coerción contra los implicados en la denominada operación Gavilán, acusados de borrar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.

Contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República; Alfredo Mirambeaux Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este; el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana Sánchez, el magistrado impuso 18 meses de prisión preventiva en distintos centros penitenciarios.

Mientras que contra Laudelina Esther Reyes Silva; Pilar Yrenes Medina Trinidad, así como Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes; el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos, el Ministerio Público solicitó prisión domiciliaria y otras medidas menos gravosas, luego que estos admitieran los cargos que se les imputan. Así fue acogido por el juez.De igual forma, este caso fue declarado de tramitación compleja.

De acuerdo al Ministerio Público, la red borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas.

En este caso también figuran por lo menos siete fiscales contra los que se procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.