Amnistía Internacional pide a Brasil que actúe dentro de la ley contra los narcos

Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de Brasil que actúe de manera proporcionada y dentro de la ley en su respuesta a la ola de violencia criminal de los narcotraficantes durante la última semana en Río de Janeiro.

Según las últimas cifras de la policía militar, en los enfrentamientos entre policías y supuestos narcotraficantes han muerto desde el lunes 35 personas, entre ellas una niña de 14 años alcanzada por una bala perdida en la comunidad de Vila Cruzeiro.

“Esta violencia es totalmente inaceptable, pero la respuesta de la policía ha puesto en situación de riesgo a las comunidades”, manifestó en un comunicado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional especializado en Brasil.

Wilcken destacó que “las autoridades deben garantizar que la seguridad y el bienestar del general de la población es lo primero y principal en cualquier operación en áreas residenciales”.

En opinión del investigador de AI, esta ola de violencia criminal “es sintomática de fallos más profundos en el sistema de justicia criminal” y debería suponer “una llamada de atención para las próximas administraciones federales y estatales”.

Amnistía expresó su temor de que la operación de seguridad en marcha en torno al grupo de comunidades conocidas como Complexo do Alemão derive en un mayor derramamiento de sangre.

Esta organización recordó que en 2007 se llevó a cabo una operación similar en Complexo do Alemão, donde las muertes de 19 personas nunca fueron aclaradas, pese a que la comisión de derechos humanos afirmó que se habían producido ejecuciones extrajudiciales.

“La operación no tuvo un impacto positivo a largo plazo para la seguridad de la comunidad, que sigue estando bajo el dominio del cartel de narcotraficantes de Comando Vermelho”, señaló AI.

Además, “la tarea policial en Río de Janeiro sigue dependiendo de métodos represivos”, como lo demuestra la cifra de más de 500 personas muertas a manos de la policía en lo que va de año, en lo que las autoridades califican como “acciones de resistencia”.