Corrupción, complicidad en falsificación de documentos, y asociación de malhechores, figuran entre los cargos por los cuales se le solicitará medida de coerción en contra de la suspendida fiscal de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, quien participó en los acuerdos irregulares con agresores de mujeres obtuvieron la libertad y posteriormente dieron muerte a su parejas.
Julieta Tejeda, vocera del Ministerio Público, informó que a raíz del acuerdo irregular con que se otorgó libertad a quien dio muerte a la abogada Anibel Gonzales, se inició una investigación sobre otros acuerdos y se detectaron otras irregularidades en “negociaciones” con agresores, entre ellos el que dio libertad al asesino de Juana Domínguez Salas.
La funcionaria del Ministerio Público explicó que los acuerdos parciales o plenos con agresores de mujeres, no aplican para quienes hayan sido apresados por tentativa de asesinato, como ocurrió en el caso de Juana Domínguez, a quien su agresor en una primera agresión le propinó nueve estocadas.
La fiscalía de San Pedro de Macorís pedirá un año de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de la suspendida fiscal Margarita Hernández Morales.
La instancia en contra de Hernández Morales sería depositada este jueves por ante la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís.
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