El director de Inapa solicitó el pasado mes de abril a Contraloría otra auditoría financiera pero para evaluar la gestión comprendida entre septiembre de 2021 y agosto de 2022.
El tribunal del TSA emitió la condenada contra Inapa. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) respondió este martes al informe de auditoría publicado por la Contraloría General de la República, el cual detectó irregularidades en esa dependencia en el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y agosto de 2021.
Este informe registró anomalías en la dependencia que van desde fondos de caja chica que exceden lo permitido hasta anomalías en cuanto al manejo del presupuesto de la institución, cheques sin documentación, empleados con más de un nombramiento, entre otras violaciones a la ley,
Tras la publicación de la auditoría, el titular de Inapa, Wellington Arnaud Bisonó remitió a Contraloría los planes de acción “a los hallazgos y oportunidades de mejora identificados en su informe”
Según la misiva dirigida al subcontralor de Auditoría Interna, Francisco Tamarez Florentino, este plan fue enviado esperando que “cumplan con el objetivo de fortalecer el control administrativo y mitigar los riesgos descritos, así como adicionamos otras actividades que hemos implementado para subsanar no conformidades expresadas”.
Igualmente, se dio a conocer que el director de Inapa solicitó el pasado mes de abril a Contraloría otra auditoría financiera pero para evaluar la gestión comprendida entre septiembre de 2021 y agosto de 2022.
LO QUE DICE INAPA
Este plan elaborado por Inapa consta de 12 páginas donde la dependencia desglosa punto por punto las irregularidades señaladas por Contraloría en su informe y responde a cada una de ellas.
En el caso de la inconsistencia en la programación presupuestal de la institución, Inapa explicó que el presupuesto que se les asigna “nunca ha estado acorde a las necesidades operativas ni al gasto real de la institución, por lo que históricamente se ha visto obligada a tomar recursos para su gasto corriente de las disponibilidades en cuentas para gasto de capital con el propósito de lograr sus actividades y objetivos misionales”.
En el documento de respuesta, la dependencia dijo que reportaron este déficit corriente a la Dirección General de Presupuesto (Digepres), pero no fue hasta finales de 2021 cuando ese rubro le otorgó un soporte adicional.
“Aunque ciertamente no existe una autorización escrita de la Digepres facultándonos para el uso de fondos de gasto de capital en corriente, la entidad no ha estado ajena ni desinformada sobre estas operaciones”, dictó el documento. Sobre los fondos de caja chica que exceden los montos permitidos, Inapa dijo que los montos de cada una están en consonancia con el volumen de operaciones que gestiona la institución.
No obstante, manifestó que tramitarán una consulta a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental “a los fines de que nos certifiquen los montos de caja manejados”.
La dependencia agregó que trabajan en un análisis de las rotaciones y manejos de esta caja para reducir los montos al mínimo posible.
Inapa también se refirió a los presuntos pagos de viáticos sin el debido soporte expuestos por Contraloría, alegando que los mismos “se realizaron en apego a la ley”.
En cuanto a los pagos de cheques sin soportes y recibidos por otras personas que no son los beneficiarios, Inapa dijo que los pagos a los que se refiere Contraloría “son montos pagados a jornaleros que debieron ser liquidados con sus soportes” y fueron recibidos por el personal administrativo”.
Para subsanar esta anomalía, Inapa dijo que Tesorería “se encargará de gestionar los soportes de los pagos sujetos a liquidación”.
“Se gestionaron los acuses de recibo de los cheques por parte de los beneficiarios y se anexaron a los expedientes de pago. Queda prohibida la entrega de cheques a personas que no sean su beneficiario, salvo casos de autorización por escrito o poder notarial”, indicó.
SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Según acotaron en un documento, Inapa implementa desde 2022 nuevos procedimientos que contemplan medidas para prevenir “cualquier situación de conflicto de intereses o falta de trasparencia en los procesos de contratación de servicios o adquisición de bienes, y así evitar que se presente alguna violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones”.
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