Elizabeth Silverio, directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland Según el documento de solicitud de medida de coerción contra Elizabeth Silverio Silien presentado por el Ministerio Público, la mujer se ha atribuido por años “condiciones profesionales que no tiene, poniendo en riesgo el desarrollo de decenas de niños con distintas condiciones especiales” con el fin de lucrarse económicamente.
La solicitud de medida, donde figuran unos 11 querellantes, también incluye al Centro Knowledge Land Kogland, el cual dirigía la imputada.
El pasado 21 de junio, Silverio fue arrestada, luego de que las autoridades allanaran el centro y su residencia.Durante estos allanamientos, el Ministerio Público recabó evidencias que comprueban que la mujer se dedicaba a evaluar a los menores en condiciones de vulnerabilidad “asignándoles la aplicación de terapias, sin poseer calidad habilitante en la materia”.
De hecho, tenía un cuaderno lleno de procedimientos manuscritos, donde “valoraba el rendimiento cognitivo de los niños y la movilidad de estos”.
Esas evaluaciones que le realizaba Silverio a los menores, según señala la solicitud, estaban rubricadas y selladas por ella con un sello que contenía un número de exequátur y su nombre.
La imputada contaba con una especie de expediente de cada uno de sus “pacientes”, que contenía información general del niño, de sus padres, una hoja de evaluación a nombre del menor y un documento llamado “Medición Preevaluación”.
Igualmente, figura como evidencia un listado de 48 matriculados en el Centro Kogland, el cual consta de cinco páginas.
También encontraron varios diplomas enmarcados de universidades extranjeras prestigiosas como la Universidad de Cambridge y la Universidad de Florida, entre otras instituciones de estudios superiores, pese a que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) no posee registros de que la imputada sea tan siquiera egresada de la carrera de Psicología Escolar.De acuerdo con la solicitud, Silverio no estaba habilitada para impartir docencia y el centro tampoco tenía habilitación del Ministerio de Educación.
Con el testimonio de los padres querellantes, el órgano persecutor espera probar que estos tenían a sus hijos inscritos en el centro dirigido por Silverio y que la imputada los evaluaba, así como la cantidad de dinero que estos debían pagarle mes tras mes.
Mientras que con todos los documentos incautados durante el allanamiento al centro sustentarán que la mujer “se hacía pasar como profesional de la salud, específicamente como doctora neurocientífica, psicóloga y psicoterapeuta” ofreciendo servicios de consultoría y asistencia terapéutica a niños con condiciones especiales.
En el documento de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público sostiene que Elizabeth Silverio no cuenta con el arraigo suficiente para descartar peligro de fuga.
Además, asegura que la imputada “tenía conocimiento de la actividad ilícita que estaba realizando” y pidió la declaración del caso complejo, lo cual fue acatado por el tribunal al dictar el pasado sábado tres meses de prisión preventiva como medida cautelar contra la imputada.
A Silverio se le acusa de violar el Código Penal Dominicano en su artículo 405, así como la Ley General de Salud y la Ley sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley General de Educación.
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