La situación de caos y permisividad que vive el sector del transporte terrestre de carga y de pasajeros está poniendo en jaque al mismo Estado de derecho de República Dominicana, al que todos los ciudadanos están sujetos, arrastrándolo a una situación de desorden y caos que amenaza seriamente el régimen económico nacional y la propia prosperidad social como país, expresó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en un comunicado de prensa.
“La sociedad en su conjunto clama por el establecimiento del orden en este sector. Es la Administración Pública la que debe atender con contundencia este llamado como parte integrante del Estado de derecho, en el que la vida social y civil está sujeta a procedimientos regulados por ley donde los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo y guiados por el principio de legalidad y el respeto absoluto a los derechos fundamentales. Es precisamente el cumplimiento de esas leyes lo que garantiza la cohesión social, el interés colectivo e impide que se vulneren las normas de interés general, como son la de los servicios públicos”, indicó la nota de prensa.
La violación por omisión de estos derechos fundamentales a la libertad de empresa, libertad de contratación, libre competencia y a la libertad de tránsito, consagrados en la Constitución, evidencian la inseguridad jurídica existente frente a los abusos de posición dominante de los sindicatos y federaciones del transporte en nuestro país, sostuvo el Conep.“El Estado es, por tanto, quien tiene el poder y la obligación de ordenar, velar y forzar el cumplimiento de la legalidad vigente”, agregó.
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