La defensa de ambos imputados y el Ministerio Público expresó que solicitó tiempo para conocer el expediente y también los resultados de las entrevistas que son realizadas a los niños y niñas involucrados en el caso.
Las personas detenidas son Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz RodríguezLa audiencia para conocer la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, señalados de maltratar y abusar psicológicamente a nueve menores dentro de la Fundación Restaurando Vida, fue aplazada para el jueves 10 de septiembre.
La defensa de ambos imputados y el Ministerio Público solicitaron tiempo para conocer el expediente y también los resultados de las entrevistas que son realizadas a los niños y niñas involucrados en el caso.
“Fue aplazada porque el Ministerio Público solicitó la suspensión a los fines de celebrar cámara Gesell a los niños que fueron detenidos en la iglesia del pastor”, expresó Luis Carela, abogado de Capellán.
Carela también catalogó como una “burbuja” los señalamientos realizados por las autoridades que indican que dentro del centro los menores de edad eran maltratados y sometidos a trabajos forzosos.
“Vamos a demostrar que eso no es así, esas son burbujas que se están dando, pero en ninguna circunstancia eso ocurrió”, agregó.
ASUNTO ADMINISTRATIVO
El letrado fue cuestionado por los medios de comunicación sobre si el centro contaba con los permisos de las autoridades para laborar; sin embargo, evadió la pregunta y solamente se limitó a expresar que ese tema será abordado “cuando vayamos a conocer la medida de coerción”.
No obstante, el jurista Manuel Soto Lara, defensor de Capellán y Rodríguez, explicó que si se considera que la fundación trabajaba sin permiso no será una violación penal y eso lo convertiría en un un asunto administrativo que tendría como consecuencias solamente sanciones disciplinarias.
“En el caso eventual de que no existiera permiso eso no constituye una violación a la normal penal, sino un asunto meramente administrativo que se llevaría a sanciones disciplinarias”, comentó.
Agregó que las autoridades debieron corregir las fallas y preservar la casa de acogida para que se mantuviera realizando sus labores.
“Ese hogar no es solamente para los niños, también lo es para los ancianos, y hoy el Ministerio Público ha cercenado ese espacio para personas vulnerables”, dijo.
DESMIENTEN SEÑALAMIENTOS
La Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive, fue señalada por las autoridades luego de que un menor de 12 años escapó del centro y se acercó con un adulto a una dotación policial ubicada en Hatillo, San Cristóbal, para informar que había sido sometido a trabajo forzoso y maltratos físicos.
Los agentes policiales hicieron caso, lo que provocó que el órgano policial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y Departamento de Tráfico y Trata de Personas rescataran a 14 menores y apresaran a 13 personas.
Sin embargo, los letrados explicaron que ya no se trata de 14 y que la acusación que pesa sobre ambos señalados es de nueve.
Incluso, Soto Lara expresó que espera que la situación sea investigada y luego probada en los tribunales.
“Si hay un niño que fue objeto de agresión, lo que hay es que deducir las consecuencias de la agresión. Lo que se ha hecho aquí es que esa cuestión, que habrá que investigarla y probarla, se ha utilizado como pretexto para suprimir un espacio a la orfandad y ancianos de nuestro país”, declaró.
De igual forma, aseguró que Capellán debería ser premiado dentro de su comunidad por la labor que ha realizado.
“Se va a probar en este proceso que no es como dice el Ministerio Público. Esa persona que estaba sentada ahí, debió estar recibiendo un reconocimiento por parte de su comunidad. Recuerden que son niños que sus madres y padres los llevan a ese centro para buscar reformarlos”, finalizó.
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