Tribunal Colegiado sigue este miércoles juicio de fondo caso Calamar; conocería solicitudes de extinción del proceso

 

 Tribunal Colegiado sigue este miércoles juicio de fondo caso Calamar; conocería solicitudes de extinción del proceso. Foto: Fuente externa                                                                                                               SANTO DOMINGO.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará el próximo miércoles conociendo el juicio de fondo del caso Calamar, donde están imputados el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otras personas. La audiencia se centrará en la presentación de pruebas y en las solicitudes de la extinción de la acción penal del proceso.El tribunal integrado por las juezas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez y Evelín Rodríguez, en la audiencia de la semana pasada acogieron la solicitud de fusionar el expediente del exsenador Rafael Calderón, Natividad Martínez Capellán y Yahaira Brito Evangelista. La audiencia del próximo miércoles fue fijada para las 9:00 de la mañana.

Este diario en ocasión de la audiencia preliminar del caso Calamar publicó trabajos en los que sostenía que los “querellantes en el caso” eran falsos o carecían de calidad, casi todos. Estos, que al principio sirvieron a la publicidad que formaba parte de la estrategia del Ministerio Público, luego se volvieron piedra de tropiezo procesal, particularmente los supuestos sucesores de Jorge Mota, cuya pretensión ahora inadmite el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, en forma definitiva en la Sentencia 1278-2026-sent-00064 del 22 de abril del 2026.Un documento expresa que en el curso de proceso las supuestas pruebas que buscaban abrumar a la opinión pública, a la defensa y al Juez, ante la imposibilidad de su simple lectura han sido destruidas; nueve de cada diez, no mostraban valor probatorio y otras probaban inocencia, no culpabilidad.Ahora en la nueva etapa procesal, la del Juicio de Fondo, juristas coinciden en que para unos 8 encartados, Donald Guerrero, Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco, entre otros, el proceso se extinguió por la duración máxima de cuatro años del proceso penal para casos complejos, algo taxativamente establecido en la Ley 97-25; ya no es un asunto de la jurisprudencia, sino una orden positiva clara.

El documento explica que con Gonzalo Castillo,  excandidato presidencial del PLD y José Ramón Peralta, fuera del proceso por auto de no ha lugar, el mismo ha quedado sin objeto ilícito, puesto que el supuesto entramado fue para financiarle la campaña a él.

Agrega que el Tercer Tribunal Colegiado conocerá este miércoles un proceso que se concentra en pagos por unos RD$14 mil millones de pesos que tienen como base, una propiedad con su título en todos los casos, un decreto de expropiación y una ocupación del Estado y una sentencia expropiatoria que fija el precio a pagar o una tasación del Catastro Nacional, en todos los casos inferior al valor de mercado, lo demás parecen ser argumentos de “testigos” que habiendo empezado como inculpados, recibieron beneficios económicos enormes, independiente de su exoneración de cargos, por su testimonio.

Sostiene que aunque en el proceso hay unos 170 testigos que ahora resultan un fardo pesado porque su deposición, inútil en casi todos los casos, afecta la extinción de los imputados que todavía no tienen más de 4 años en el proceso, es previsible que a muchos de ellos el Ministerio Público renuncie, pues de lo contrario el proceso se llevaría otros dos años.

¿Cuáles serían los principales y cuál el grado de credibilidad testimonial, porque basta leer la acusación y los interrogatorios para saber que ninguno tiene corroboración documental?

Bolívar Ventura, quien el 27 de noviembre del 2021 en su interrogatorio dijo haber entregado tres cheques por unos RD$50 millones a Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña y luego, el 9 de diciembre del 2022, dijo que fueron entregados a Francisco Pagán para destinarlos a Donald Guerrero y José Ramón Peralta. El mismo dinero a personas distintas.

Indica que Crisóstomo, quien ha procurado circunscribir sus interrogatorios, dando cuenta de más de RD$10 mil millones recibidos en las cuentas de sus empresas y de los cuales dice “haber distribuido” a través de MIMILO JIMÉNEZ unos RD$7 mil millones” sin un solo papelito: el PEPCA, para usar su testimonio llegó a un arreglo mediante el cual le “perdono el pago de unos RD$ 3,300. millones en impuestos sobre la ley de sociedades y ajustó su “Criterio de Oportunidad” al pago de apenas RD $60 millones en cheque y el resto en “propiedades” invendibles.

Dice que Mimilo Jiménez es el testigo estrella por el relato del traslado del “dinero” a la casita” en donde supuestamente se dirigía la campaña; él sería, si puede sostener un contrainterrogatorio, el testigo clave en contra de DONALD GUERRERO, porque se menciona en casinos y renegociación de deudas por cubicaciones; dice no conocer a Lockward.

Mientras que José Arturo Ureña es un testigo que ha declarado muy pocas cosas vinculables a los hechos y menciona a muy pocas personas; es un testigo del que quizás se prescinda.

Expresa que Belkis Tejeda como consultora jurídica de BIENES NACIONALES, llevó las litis en contra del Estado e hizo los contratos, su relato en los interrogatorios, es extremadamente débil. No parece haber recibido nunca una orden directa de Donald Guerrero.

El expediente revela que Antonio Lujan Mercedes, quien pactó con sus clientes RD$.070 el metro y vendió a USD4.08 por metro, quedándose la diferencia, en un contrato de RD$1,000 millones y no pagó un peso de impuestos, es otro testigo que fácilmente sale condenado por perjurio por las contradicciones de su interrogatorio, documentadas en querellas penales previas, aunque el caso más peculiar es el de Mérido Torres, abogado en los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas, luego Director de Titulaciones del Poder Ejecutivo y ahora director del Departamento Aeroportuario.