Ilustración: Cristian Moreta.La República Dominicana obtuvo una decisión enteramente favorable en un arbitraje internacional iniciado por el inversionista francés Yves Martine Garnier, quien reclamaba al Estado más de US$100 millones, equivalentes a unos RD$5,882 millones, por la terminación de un contrato para la gestión y recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este.
Camión recolector de basura.
El Tribunal Arbitral, mediante un laudo dictado el 19 de agosto de 2026, desestimó en su totalidad las pretensiones del demandante, al determinar que la terminación del contrato de concesión se realizó conforme al derecho dominicano y estuvo sustentada en deficiencias de la empresa EGTT Dominicana, S.A. en la prestación del servicio.El proceso fue iniciado el 4 de octubre de 2021 al amparo del acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones suscrito entre República Dominicana y Francia en 1999, y fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso número 2022-01.
De acuerdo con la decisión, los hechos alegados por Garnier no alcanzaron el estándar requerido para determinar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano en virtud del tratado.
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El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, valoró el resultado y afirmó que la defensa del Estado también representa la protección de los recursos públicos y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país frente a inversionistas extranjeros.
“La defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos”, expresó Sanz Lovatón.
La defensa de República Dominicana fue coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, y posteriormente se incorporó el Ministerio de Justicia, que asumirá la representación del Estado dominicano en los arbitrajes de inversión conforme a la Ley núm. 80-25.
Para el proceso, el Estado contó además con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, a través de su oficina en Washington, D.C.
El Gobierno consideró el resultado como parte de su política de defensa activa en materia de arbitraje de inversión, con el propósito de proteger los recursos públicos y preservar la seguridad jurídica como elemento fundamental para atraer y mantener la inversión extranjera en el país.
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