Con el anuncio ayer sobre la colocación del primer punto de revisión de alcoholemia, se retomará el uso de alcoholímetros, luego de casi 12 años, cuando Franklin Almeyda Rancier dirigía la entonces Secretaría Interior y Policía.
En febrero del año 2007 Almeyda había anunciado la adquisición de 1,200 alcoholímetros y 120 mil pitillos para ser usados en ellos por un costo total de 108,534 dólares.
Un mes más tarde, el viernes nueve de marzo, se publicó que conjunto a los dispositivos para medir el alcohol, los agentes de la entonces Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), utilizarían gas pimienta como “medida preventiva” para evitar roces físicos entre agentes y conductores.
Ese mismo día se realizaron los primeros operativos de prueba de alcoholemia, en el que fueron fiscalizadas 28 personas, de las cuales dos dieron positivo al “soplar” en el alcoholímetro y que para final de ese año serían un total de 405 choferes que reprobaron la prueba.
La utilización de los alcoholímetros se descontinuó, dado que la Ley 241-67 sobre Tránsito de Vehículos no contenía sustento legal para la utilización de equipos para determinar la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas.
Diez años después, con la implementación de la Ley de Movilidad 63-17, en su artículo 22, acápite 7, se indica que los agentes de tránsito, dentro de sus atribuciones, incluye “utilizar los instrumentos adoptados por el Intrant a los fines de determinar la velocidad empleada en los vehículos de motor, la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas”.
A partir de esta legislación, y durante el mismo año 2017, la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos anunció una donación de ocho alcoholímetros evidenciales y 32 de tamizaje, donados por la Alianza Internacional para el Consumo Responsable (IARD) y la Industria Licorera Regional y Local, los cuales se iban a empezar a aplicar en 2018.
Con estos equipos y el anuncio realizado ayer sobre la realización de las primeras pruebas de alcoholemia, se repetirá lo iniciado hace poco más de 12 años, esta vez bajo el nombre de “Tómatelo En serio”, un plan que pretende concienciar a la ciudadanos con la finalidad de no conducir bajo los efectos del alcohol.
Conductores no serán fiscalizados
Dicho plan tendrá como primera faceta la colocación por parte de la Digesett de puntos de revisión de alcoholemia, en los cuales se realizará la prueba con los alcoholímetros a conductores aleatorios, sin embargo, estos no serán fiscalizados.
A pesar de no ser multados los conductores que dan positivo, concluida esta primera etapa de concienciación el proceso será realizado tal como lo establece la Ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana.
Dicha legislación, establece en su artículo 256: “Se prohíbe a los conductores ingerir bebidas alcohólicas mientras transitan por las vías públicas o conducir en estado de embriaguez”.
Además, indica que la sanción que establece la ley es de cinco a diez salarios mínimos y la reducción de los puntos de la licencia, que determine el reglamento, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la suspensión y cancelación de la licencia de conducir.
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