Uno de los imputados en la red criminal desmantelada mediante la Operación Gavilán cobraba entre ocho mil (RD$8,000.00) y quince mil pesos (RD$ 15,000.00) a cambio de retirar una ficha a personas con antecedentes penales.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción contra los 12 implicados en la red, el imputado Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General, solía cobrar la referida cantidad de dinero para borrar una ficha y llegando a retirar múltiples fichas, incluso de otras jurisdicciones como la de Higüey, provincia La Altagracia.
“Al depurar otras transacciones en la misma cuenta, se verifica que el imputado Mártires Rosario Reyes recibe múltiples depósitos mensuales de diferentes cuentas que van entre los cinco mil a veinte mil pesos, acumulando en algunos meses sumas que superan los 200 mil pesos”, destaca.
La supuesta red llegó a borrar hasta ocho mil fichas, según precisa el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción.El Ministerio Público indica que comprobó que en la Fiscalía de Monte Plata el coordinador de la referida unidad, Carlos Santa Abad, por instrucciones del imputado Mártires Rosario Reyes se dedicaba a cobrarle a los usuarios para el retiro de las fichas de manera irregular y que dichos retiros no solo se realizaban en el marco de quienes por alguna razón no estaban sujetos a tener el referido registro criminal, sino que personas con procesos abiertos les eran retirados los antecedentes penales o fichas a cambio de sobornos o remuneraciones económicas.
Señala la acusación que al interrogar a Carlos Santa Abad sobre cómo se lograba retirar las fichas si estaba en Monte Plata, ya que la acción es de aplicación exclusiva de ciertos departamentos centrales de la Procuraduría General, este dijo que lo hacia a través de su contacto, Mártires Rosario Reyes.
“Sostiene este (Carlos Santa Abad) que la temática se realizaba ya que las personas se acercaban a él, le pagaban una cantidad de dinero a cambio de que este le hiciera el contacto con el imputado Mártires Rosario Reyes, quien luego cobraba un segundo monto y valiéndose del cargo que ocupa en el departamento de seguridad de la información en la Procuraduría General de la República, procediendo estos a coordinar un precio con el referido empleado”, indica la acusación.
El expediente explica que la presunta red trabajaba de manera organizada, con características propias de las organizaciones del crimen organizado.
Los integrantes de la red beneficiaron a criminales de alto perfil, ofreciéndoles un servicio permanente de borrado de registros penales, a cambio de considerables cantidades de sobornos.
Los imputados
En la red están imputados Alfredo Mirambeaux Villalona, encargado de la División de Administración de Base de Datos en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República; Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte del sistema de justicia en dicha dirección; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este; Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel y Domingo Julio Santana Sánchez, empleados de la Procuraduría.
También están imputadas Yokaira Elizabeth Carmona, Luis Alfredo Astacio Polanco, la hija y la esposa del imputado Rubén Darío Morbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, respectivamente, Anthony Vicente Ferrer Monegro, miembro de la Policía Nacional, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Además, las autoridades investigan a siete fiscales por su presunta participación en la red, sin que hasta el momento los hayan identificado.
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