Solicitan prisión preventiva contra 12 arrestados en Operación Gavilán

 

Fiscales con el expediente acusatoria contra los 12 imputados de la Operación Gavilán cuando se dirigen a la Oficina de Atención Permanente

Santo Domingo.- La madrugada de este jueves el Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 12 personas arrestadas en la Operación Gavilán que desmanteló una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que durante años se dedicaban a eliminar antecedentes penales de procesados por diversos delitos a cambio de sobornos.

Los fiscales que lideran la operación solicitaron la declaratoria de caso complejo y solicitaron la imposición de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.

También, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. La medida incluye a los empleados de la PGR, Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes,  el miembro de la Policia Nacional  Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.

Representantes del Ministerio Público cuando llevan el expediente de solicitud de medida de coerción contra siete fiscales y otros empleados de la institución por el caso de la Operación Gavilán.

La Operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

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Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.

De acuerdo al órgano judicial, con la eliminación de fichas penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.