El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó este miércoles como una intromisión aberrante, grosera e inaceptable en los asuntos internos del país, la decisión del CARICOM, de aplazar el conocimiento de la solicitud del ingreso de la República Dominicana a ese organismo regional, en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
Rubén Maldonado expresó que las autoridades del gobierno están trabajando en aras de buscar una solución a la problemática de los haitianos radicado en el país.
“Es una atribución del gobierno dominicano y de la sociedad dominicana, sin ningún tipo de parámetro fijado por naciones ajena a la República Dominicana”, subrayó el diputado peledeista.
Defendió el fall del Tribunal Constitucional, tras señalar que esa sentencia es vinculante a todos órganos del Estado.
De su lado, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Nelson Arrollo, al referirse a la decisión del CARICOM, dijo que era una decisión previsible, y que la República Dominicana se aísla del marco de la comunidad internacional con decisiones arbitraria, y que ahora mucha gente estará buscando culpable donde no lo hay.
Sostuvo que el principal culpable de todo lo que le pase al país es el gobierno dominicano que no tiene una política clara y definida.
Añadió que aquí no hay un Ministerio de Relaciones Exteriores, y que por el contrario lo que hay es un Ministerio de botellas de un partido que concentrado toda su militancia en ese organismo del Estado.
Advirtió que de continuar la política exterior como va, no solamente va sufrir este revés, sino que va sufrir mucho más.
Consideró que el gobierno dominicano tiene que sentarse, no para defenderse de ese nacionalismo a ultranza, sino planificar cuales acciones que el Estado deberá emprender y a pensar si ese choque que se armado con esa sentencia 168-13l, beneficia al país.
“Si de verdad son 13 mil y tanto dominicanos de origen al haitiano, como dice la Junta Central Electoral (JCE) que tienen problemas, si eso va afectar la nacionalidad dominicana en algo, que si no afecta mucho más esa sanciones, que darle la nacionalidad a esos 13 mil personas, ese es el debate que tiene que darse ahora y no estar confundiendo el asunto jurídico con el asunto migratorio”, arguyó Arroyo.
Explicó que República Dominicana tiene el derecho de darse la política migratoria que dese, pero que el país no tiene derecho a violar los derechos fundamentales de cualquier ser humano, porque son dos cosas completamente diferentes.
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