Opositores dominicanos abogan por un nuevo TSE y otra Junta Electoral

Candidatos presidenciales dominicanos reunidos con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

SANTO DOMINGO.- Seis de los dirigentes de oposición que participaron en las elecciones como candidatos presidenciales piden a la sociedad dominicana que exija la formación de una nueva Junta Central Electoral (JCE) y un Tribunal Superior Electoral (TSE).

En un comunicado que publican este jueves en espacio pagado en periódicos de papel, hacen el pedido Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno; Guillermo Moreno, de AlPaís; Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano; Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista; Minou Tavárez Mirabal, de la Alianza Por la Democracia y Soraya Aquino, del Partido de la Unidad Nacional.

Señalan que es imperativo que en el país exista una JCE y un TSE independientes, creíbles y confiables de forma tal que puedan ser implementada la reforma democrática integral que el país necesita, de forma tal que los ciudadanos puedan elegir sus gobernantes con libertad, equidad y transparencia.

Sostienen que las elecciones del 15 de mayo último fueron “las menos transparentes y más corruptas de las últimas décadas”, y estuvieron plagadas de acciones fraudulentas, delitos electorales e irregularidades de todo tipo que viciaron los resultados.

Alegan que la JCE, además de actuar de manera parcializada en favor del Presidente y candidato a la reelección, Danilo Medina, fue incapaz de organizar un proceso diáfano, transparente y legítimo.

“Todos los hechos que alteraron los resultados del pasado certamen electoral fueron constatados por los organismos internacionales que participaron como observadores, tanto por la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)”, dicen.

Abogan, entre otras cosas, por la aprobación de una Ley Electoral que prohiba el uso y abuso de la función pública y de los recursos del Estado.

“Exigimos también una Ley de Partidos que sea digna de ese nombre. Una ley que reglamente y transparente los recursos que entran a las organizaciones políticas”, agregan.