El derecho de la población a la vivienda está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, garantizado en la Constitución de la Republica, por el Art.59; establecido en el Art.23 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y por la ley 5892 del 10-5-1962 que crea el Instituto Nacional del Vivienda, como Institución rectora del Sector vivienda garantiza el derecho a la población de más bajos ingresos de tener acceso a una vivienda digna.
Sin embargo, el déficit histórico acumulado, a pesar de los grandes esfuerzos hechos por el expresidente Leonel Fernández en el periodo 2004-2012, que lo coloca como el mayor constructor de viviendas, en menos tiempo de gestión, el acceso a este derecho se coloca fuera del alcance de la mayoría de la población dominicana.
En efecto, si asumimos un déficit histórico de un millón de viviendas, tanto cuantitativo como cualitativo; este recae sobre la familia de más bajo ingreso; en tanto que los sectores de clase media baja y media, ven alejada la posibilidad de tener una vivienda propia.
Según resultados del último censo de población y vivienda, el inventario de vivienda arrojó que cerca del 40% de la población carece de un techo, porcentaje compatible con la última investigación del BID, que precisa que más del 40% de la población se encuentra en situación de pobreza; un 14% de indigentes. En la ultima década, el Estado dominicano ha construido cerca de 40 mil soluciones habitacionales, cerca de 250 mil intervenciones para conjurar el déficit cualitativo; si sumamos estas cifras a las aportaciones del sector privado, a penas significa menos de un 6% del déficit señalado, del déficit cuantitativo.
La situación de la vivienda se convierte en un problema social de gran magnitud, ya que la informalidad del mercado laboral ha significado que más del 56% de la población no tenga ingresos fijos por estar ocupados en el mercado informal, según los resultados de la “Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2012”; mientras que del 30% empleados, un 57 percibe menos de RD$10,000; resultados que explica que más del 80% de los empleados no estén en capacidad de adquirir una vivienda, ni dar soluciones a otras necesidades básicas. Sólo 13.5% obtiene un salario por encima de RD$25 mil.
Según los resultados de la encuesta ENIGH-2007-2008, la familia gasta un 90% de sus ingresos en la canasta básica.
Es preciso agregar que el costo de esta canasta significa más de tres salarios mínimos promedio, lo que implica que su poder adquisitivo es apenas de un 25%; esto explica la incapacidad de este segmento poblacional para adquirir un techo propio, que el BID lo cuantifica en un 69% de las familias.
¿De donde esta familia obtendrá los recursos necesarios para adquirir la vivienda más barata que le mercado ofrece?
La respuesta se dificulta, habida cuenta de que con estos niveles de ingresos es imposible; dado que los precios de mercado de viviendas las tasas de interés, entre otros factores, alejan las compras; en tanto que del crédito total del sistema financiero del 2012, sólo el 1.1% fueron prestamos destinados para la adquisición de viviendas, lo que contrasta con el crédito al consumo y al comercio que significó más de un 80%.
De lo antes señalado ¿Cómo encarar la solución? Obviamente que por ser este un problema social, al Estado le compete intervenir en su solución; Sin embargo, las restricciones presupuestarias limitan su intervención.
En efecto, los compromisos de la deuda publica, los subsidios y transferencias, arrojan un balance de apenas un poco más de un 30%, para el gasto social en salud, educación y construcciones, etc.
Si realizamos una retrospectiva histórica veremos que el comportamiento del gasto público social, no se corresponde con la tasa de crecimiento de la economía, ni con el ingreso tributario.
La ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso podría significar el dinamismo del sector inmobiliario, porque implica la provisión de recursos de los fondos de pensiones; sin embargo, el rezago en su aplicación retarda esta solución. Dadas las características de la demanda de la población de más bajos ingresos, la cual se concentra en la zona urbana, el retorno de esta posible inversión se torna inseguro.
Tal como señalamos, sólo menos de 200 mil personas, perciben un salario por encima de RD25 mil, ubicados entre las clases media-media y media baja, que podrían calificar para el crédito hipotecario. Se requiere pues, que el Estado elabore una política de vivienda; tal como lo establece la Constitución, -crear las condiciones necesarias para asegurar el derecho de la población el acceso a una vivienda digna-de fomento a las inversiones de construcción de viviendas de bajos costos, donde el Estado planifique a mediano y largo plazo la construcción de viviendas de interés social, en una alianza estratégica con el sector privado, para que la solución habitacional se constituya en un medio de inclusión social,
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