La Federación de Padres de Colegios Privados (Fedepadres) y los presidentes de varias federaciones regionales de asociaciones de padres advirtieron hoy que unirán sus esfuerzos para frenar los “abusivos y desproporcionados” aumentos de tarifas establecidos por muchos centros educativos privados con miras al próximo año escolar 2014-2015.
Durante una rueda de prensa, los presidentes de las federaciones de asociaciones de padres de La Vega, Cotuí, Santiago, San Pedro, Bahoruco y Fedepadres, amenazaron con llegar hasta el Tribunal Constitucional y a cualquier tribunal competente para reclamar que “nuestros derechos no sean vulnerados”.
Orlando Ferreras, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Bahoruco, dijo que los padres “no aguantamos más aumentos”. Dijo que más de un 50% de los colegios privados a nivel nacional están haciendo aumentos desproporcionados, por lo que van a unirse para que estos incrementos sean frenados.
De su lado, el presidente de la Federación de Padres de Colegios Privados (Fedepadres), Juan Ávila, solicitó al ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, frenar los aumentos establecidos en las tarifas de los colegios privados, que según dijo oscilan entre un 30 y un 50%.
“El ministro de Educación debe frenar este aumento abusivo hasta tanto se haga una verdadera categorización dirigida por el Ministerio de Educación porque muchos colegios privados no dando la calidad educativa que están pagando los padres”, expresó Ávila.
Llamaron a los padres para que se unan en esta lucha que busca impedir que los dueños de colegios privados se abstengan de aplicar aumentos “abusivos y desproporcionados”.
“Las familias representadas por las Asociaciones de Padres y Madres de las Escuelas (APMAE) del sector público, así como la Federación de Padres de Colegios Privados (Fedepadres) nos constituiremos en una fuerza capaz de sensibilizar y acudir a las instancias regulares y competentes para hacer valer nuestros derechos”, dice un documento entregado a la prensa.
Aseguran que sus derechos están amparados en la declaración universal de los derechos humanos del 1948, en su artículo 26; la Ley General de Educación , la 86-00 y la 136-03, y el Código del Menor para la para la protección de los niños y adolescentes, entre otras.
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