El costo económico que ha tenido la campaña y el montaje de estas suspendidas elecciones es difícil de cuantificar y ahora hay que pensar en lo que se gastará para el certamen, cuando se determine realizar, porque la democracia obliga a que las autoridades se escojan por el voto popular.
Con 7.4 millones de electores inscritos en el padrón electoral, lo que salta a la vista es un gasto exorbitante de los candidatos políticos, sobre todo con vallas, spot de televisión, actos proselitistas o cuñas de radio, además del dinero distribuido para el día de las elecciones.
Desde un candidato a regidor hasta un aspirante a alcalde se invierten millones de pesos en promoción para alcanzar la posición, pese a que la Ley Electoral estableció un tope de gastos de los alcaldes y directores municipales de RD$87.50 por persona inscrita en la demarcación; para los regidores el tope es de RD$43.75 por elector inscrito e igual cantidad para los vocales.
El fracasado sistema del voto automatizado costó a los dominicanos, del presupuesto nacional, alimentado con el pago de impuestos, mil millones de pesos y las boletas electorales, tinta indeleble y otras logísticas, superan los 430 millones de pesos.
Se estaría hablando de más de 1,400 millones usado por la JCE y los millones de pesos invertidos por los candidatos, perdidos.
Ahora surgen varias interrogantes: ¿de dónde sacarán los candidatos más dinero para la campaña y el “derroche”, en algunos casos?
¿Será esta la mayor indignación, sobre todo para los que incurrieron en serios compromisos económicos y contaban con la preferencia del electorado, o se convertiría en ganancias para los que estaban lejos de ganar una candidatura?
Sin respuestas a estas preguntas, lo cierto es que el pueblo dominicano es el gran perdedor, que deberá cargar nueva vez con el “costo de la democracia”.
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