‘Toño Leña’ decide despedir abogados y pide un defensor

Santo Domingo

Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) retiró ayer a sus abogados del estrado donde se conocía una solicitud de extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos, para ser juzgado en Puerto Rico por narcotráfico.

El imputado, muy molesto, preguntó a los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia si podía desistir de sus abogados porque no quería seguir con ellos. Los jueces respondieron que sí. A seguidas, Toño Leña pidió la asignación de un defensor público para que le asista.

Esto se produce luego de que sus abogados Tomás Castro Monegro y Ricardo Sánchez, recusaran a los jueces de la Suprema Corte para seguir conociendo el caso, lo que fue rechazado por los jueces alegando que Carlos Balcácer, quien representó a una querellante, también los había recusado y que el pleno del máximo tribunal lo rechazó.

Acto seguido Tomás Castro presentó un recurso de oposición a la decisión de los jueces que rechazaban una recusación.

A la salida del tribunal, el equipo Swat que trasladaba a Toño Leña desde la Suprema a la cárcel de Najayo intentó ponerle un casco protector, pero éste lo estrelló en dos ocasiones diciendo: “Yo no quiero esa vaina”.

Los jueces de la Suprema Corte le designaron un defensor público y aplazaron la audiencia para el próximo 21 de noviembre, advirtiéndole al imputado que no podía quitar a ese abogado después de haberlo designado, porque ya van ocho audiencia aplazadas y han sido condescendientes con él. Dijeron que no se trata de un juicio de fondo sino de una solicitud de extradición.

El de ayer constituyó el noveno reenvío para nuevas audiencias y conocer sobre el pedido de extradición del presunto narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña).

La posposición del juicio en esta ocasión, hecho por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se produjo después que Toño Leña decidió despedir a sus abogados, optando por pedir un defensor público a su caso.

El imputado es pedido por Estados Unidos, que le  acusa cargos por narcotráfico, a través de la organización y coordinación del transporte de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica a República Dominicana, Puerto Rico y Nueva York. Su caso ha agotado más tiempo que los seguidos a Quirino, que se conoció en apenas un mes, y el de Maconi, que se tomó tres meses.