La viuda del arquitecto que se suicidó en la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) no quedó satisfecha con la condena de seis y cinco años de prisión que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le impuso ayer en la tarde a cuatro acusados de extorsión, lavado de activo, coalición de funcionarios, usurpación de funciones y asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano y de la víctima.
A la salida del tribunal, luego de escuchar el fallo leído a las 4:00 de la tarde, Pilar Montilla expresó que aspiraba a una condena de 20 años de prisión, porque considera que los implicados en el expediente son los responsables de que su esposo se haya suicidado, el 25 de septiembre del 2015. El tribunal, que preside de forma interina la jueza Ingrid Fernández, condenó a seis años de prisión a Alejandro Isidoro de los Santos, quien era el encargado del Departamento de Edificaciones Escolares de la OISOE.
También condenó a cinco años de prisión a Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Ernesto Romero Pérez, respectivamente.
Ordenó el decomiso a favor del Estado de un apartamento propiedad de Isidoro de los Santos. El tribunal fijó la lectura de la sentencia íntegra para el 7 de agosto, a las 9:00 de la mañana.
El tribunal lo completan Claribel Nivar y Leticia Martínez. Esta última emitió un voto salvado al no estar de acuerdo con algunos de los delitos atribuidos a Alejandro Isidoro, pues entendió que solo debió ser condenado por lavado de activo.
El abogado de la familia del arquitecto, Miguel Surún Hernández, dijo que apelaran la decisión, porque es muy poco la condena que establecieron las juezas Ingrid Fernández, presidenta, Claribel Nivar y Leticia Martínez.
Tampoco los abogados de los imputados les satisfizo la pena y también anunciaron que la recurrirán, ya que esperaban que a sus clientes se les otorgara la libertad pura y simple o el descargo, tal como solicitaron en la audiencia del pasado viernes.
El juicio de fondo a esas personas inició el 18 de enero del año 2017, al ser acusados por el ministerio público de dirigir una organización delictiva que se dedicaba a extorsionar a los contratistas que ganaban los sorteos para construir escuelas a través de la OISOE.
El caso surgió a raíz del suicidio, el 25 de septiembre de 2015, del arquitecto David Rodríguez García, quien se quitó la vida presuntamente desesperado por las deudas y la extorsión que sufría de parte de funcionarios y otras personas vinculadas a la OISOE, de la cual era contratista.
El tribunal emitió el fallo a las 4:00 de la tarde condenando a los acusados en el caso del suicidio del arquitecto David Rodríguez.
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