Presidenta Cámara de Cuentas enrostra a JCE no aplicar disposiciones Ley Electoral
La JCE celebra un seminario internacional en el país.
SANTO DOMINGO. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, advirtió ayer a los partidos políticos que entre los meses de agosto y septiembre serán fiscalizados los recursos públicos y privados manejados por dichas organizaciones, a fin de determinar cómo los obtienen, cuándo y en qué los utilizan.
El anuncio del funcionario electoral fue hecho luego de que la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, cuestionara a la JCE por no aplicar las disposiciones de la Ley 275-97, que ordena auditar los recursos públicos recibidos por los partidos.
"Aun cuando la Ley 275-97 dispone que la JCE solicitará a la Contraloría General de la República, órgano interno de control del Estado, el auditar los recursos públicos que reciben los partidos, esta norma nunca ha sido aplicada", aseveró Marte de Barrios.
De inmediato, Rosario Márquez se pronunció al respecto, no sin antes admitir que no hay una política de financiamiento y un método de supervisión y fiscalización para los recursos públicos y privados.
"Precisamente preocupados por ese tema y por el buen trabajo de la Cámara de Cuentas nos propusimos dictar un reglamento sobre la contribución del Estado al financiamiento de la política, aunque nosotros somos partidarios de que la regulación debe ser objeto de una ley adjetiva y no de una reglamentación de la Junta", expresó.
Precisó que el organismo se vio en el dilema de no distribuir los recursos en espera de dicha legislación o reglamentar en la materia.
Explicó que dicho reglamento establece un sistema contable que debe ser instalado en todos los partidos, cuya fecha se fijó para el primero de junio pasado. Para tales fines se hicieron una serie de cursos de capacitación del personal administrativo en los partidos para que puedan administrar los recursos públicos y privados, así como se entregó una aplicación informática.
"Con esto, por primera vez en la historia, nosotros vamos a tener una información de cuánto entra, de cómo entra y en que se gasta, porqué en ese reglamento se estableció qué se considera gasto lícito de la política y qué no se considera gasto lícito", apuntó.
El origen
La realización, por parte de la Cámara de Cuentas, de auditorías a 22 de los 26 partidos políticos reconocidos, obligó a la JCE a iniciar el proceso de supervisión y fiscalización del financiamiento público y privado.
La situación fue objeto de debate en el seminario internacional "Reformas Electorales en el Contexto Latinoamericano", que celebra la JCE en el hotel Meliá desde el pasado miércoles y hasta hoy.
En abril pasado, la Junta distribuyó a los 26 partidos los recursos que aporta el Estado por un monto ascendente a RD$147,740,136.99, que es el consolidado correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del presente año, a ser distribuido de acuerdo a las disposiciones electorales.
El anuncio del funcionario electoral fue hecho luego de que la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, cuestionara a la JCE por no aplicar las disposiciones de la Ley 275-97, que ordena auditar los recursos públicos recibidos por los partidos.
"Aun cuando la Ley 275-97 dispone que la JCE solicitará a la Contraloría General de la República, órgano interno de control del Estado, el auditar los recursos públicos que reciben los partidos, esta norma nunca ha sido aplicada", aseveró Marte de Barrios.
De inmediato, Rosario Márquez se pronunció al respecto, no sin antes admitir que no hay una política de financiamiento y un método de supervisión y fiscalización para los recursos públicos y privados.
"Precisamente preocupados por ese tema y por el buen trabajo de la Cámara de Cuentas nos propusimos dictar un reglamento sobre la contribución del Estado al financiamiento de la política, aunque nosotros somos partidarios de que la regulación debe ser objeto de una ley adjetiva y no de una reglamentación de la Junta", expresó.
Precisó que el organismo se vio en el dilema de no distribuir los recursos en espera de dicha legislación o reglamentar en la materia.
Explicó que dicho reglamento establece un sistema contable que debe ser instalado en todos los partidos, cuya fecha se fijó para el primero de junio pasado. Para tales fines se hicieron una serie de cursos de capacitación del personal administrativo en los partidos para que puedan administrar los recursos públicos y privados, así como se entregó una aplicación informática.
"Con esto, por primera vez en la historia, nosotros vamos a tener una información de cuánto entra, de cómo entra y en que se gasta, porqué en ese reglamento se estableció qué se considera gasto lícito de la política y qué no se considera gasto lícito", apuntó.
El origen
La realización, por parte de la Cámara de Cuentas, de auditorías a 22 de los 26 partidos políticos reconocidos, obligó a la JCE a iniciar el proceso de supervisión y fiscalización del financiamiento público y privado.
La situación fue objeto de debate en el seminario internacional "Reformas Electorales en el Contexto Latinoamericano", que celebra la JCE en el hotel Meliá desde el pasado miércoles y hasta hoy.
En abril pasado, la Junta distribuyó a los 26 partidos los recursos que aporta el Estado por un monto ascendente a RD$147,740,136.99, que es el consolidado correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del presente año, a ser distribuido de acuerdo a las disposiciones electorales.
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