“El problema no puede ser enfrentado únicamente mediante la represión y encarcelamiento, sino que se deben incluir estrategias integrales como reformas institucionales, adecuada inversión pública en programas sociales, y el replanteamiento de las relaciones Estado”.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó que la falta de oportunidades que afecta al 35 por ciento de jóvenes que ni estudia ni trabaja, es la responsable del fenómeno de la inseguridad que se vive en la República Dominicana.
En un informe presentado por Finjus acerca del enfoque de la seguridad ciudadana, indicó que dicho fenómeno se expresa en el caos del tránsito que cobró la vida a decenas de personas en la reciente Semana Santa.
Asimismo, aseguró que las relaciones violentas al interior de las familias, las carencias del sistema educativo, que se basa casi exclusivamente en la memorización en lugar de la reflexión; y la falta de centros de esparcimiento y ocio sanos en los barrios y comunidades urbanas más poblados, son causas del fenómeno inseguridad.
“Se ha identificado a la seguridad ciudadana como una de las bases del Estado Social y Democrático de Derecho que rige la Constitución dominicana. Por ello se ha considerado que la superación de las condiciones sociales que producen los altos índices de criminalidad y violencia representan una prioridad que comparten muchas sociedades a nivel internacional, de lo que no escapa nuestro país”, apuntó el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños.
Dijo que el problema no puede ser enfrentado únicamente mediante la represión y encarcelamiento de los infractores, sino que se deben incluir estrategias integrales como: medidas preventivas, reformas institucionales, adecuada inversión pública en programas sociales, replanteamiento de las relaciones Estado.
“Esta nueva forma de enfocar la inseguridad están convocados al mejoramiento de la situación de la seguridad ciudadana en todos los sectores sociales, con énfasis en las dimensiones educativa, social, económica y familiar”, explicó Castaños.
El informe informó que más de 700 mil de nuestros jóvenes ni estudian ni trabajan, esto según el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Población. “Este drama humano percibido en nuestras comunidades y hogares es en gran medida el producto de las lagunas creadas”.
Castaños refirió que esas lagunas institucionales y la desconexión entre las autoridades nacionales y locales con las comunidades son asimismo aprovechadas por las estructuras del crimen organizado, dando lugar a que contingentes de jóvenes y adolescentes sólo cuenten con el apoyo de dichas redes criminales para sobrevivir en medio de la miseria y la exclusión a las que son sometidos.
Asimismo, el reporte de Finjus dividió en cuatro ejes principales las condiciones institucionales que favorecen la desatención del Estado a los problemas relativos a la seguridad ciudadana, tales como; la falta de asignación de recursos públicos y la ausencia de transparencia con la que se manejan en la gestión interna de estas instituciones.
El segundo eje es la ausencia de educación ciudadana y civismo como herramientas de prevención; el tercero, la utilización de estas instituciones con fines políticos partidarios, y la falta de control sobre el creciente crimen organizado.
Explica que dentro de esas problemáticas resaltan la importancia de las reformas institucionales de la Policía Nacional, el rediseño de los órganos especializados en el combate de la narcoactividad y la eliminación de la visión individualista que impulsa a que cada ciudadano resuelva este problema de forma aislada, limitando las iniciativas globales desde el Estado.
El vicepresidente de Finjus señaló que como impostergable la pronta aprobación en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Reforma de la Policía Nacional presentada por el Poder Ejecutivo en el 2013, ya que recoge en lo fundamental los lineamientos en que deben realizarse los cambios policiales que el país necesita en la actual coyuntura.
“Hemos sostenido nuestra creencia de que ha llegado la hora para concertar un pacto nacional por la seguridad ciudadana, que establezca las estrategias, programas, responsables y los recursos que se requieren para encaminarnos hacia una sociedad donde la convivencia pacífica, el bienestar social y el desarrollo humano sean el sustento del progreso socioeconómico y el fortalecimiento de las instituciones”.
En su informe Abril-2014, Finjus presentó políticas públicas que dice deben ser definidas con urgencia, tales como: promover programas que presten asistencia integral a niños, adolescentes y jóvenes en situación de desamparo y abandono familiar, integrantes de bandas o naciones, que se encuentran en conflicto con la ley penal; estimular las iniciativas de integración familiar y el fomento de los valores sociales sanos para la convivencia pacífica.
Además, incrementar los programas integrales de desarrollo social y comunitario en las zonas del país con mayor exclusión social, a través de la capacitación de los jóvenes para su inserción laboral, así como el mejoramiento de la calidad de los servicios sociales fundamentales.FUENTE ACENTO.COM.DO
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