
Se trata de una venta sin control en la que normalmente el ofertante no exige un documento de identidad al adquiriente como establecen las normas.
Esta situación provoca que la línea pueda ser utilizada sin que las autoridades puedan determinar de forma correcta quién es su operador.
La resolución que prohíbe esta práctica por ser considerada un caldo de cultivo para la delincuencia e incluso para el crimen organizado fue anunciada en 2014 por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
En ese año el organismo especificó que se cumplían seis meses de prórroga que habían otorgado a las compañías telefónicas para que se abstuvieran de vender “chips” sin que los usuarios presentaran sus identificaciones.
Según el reporte de mayo de este año del Indotel, en el país hay 6.5 millones de líneas prepago en operación, pertenecientes a las diversas compañías prestadoras de servicios.
En 2010 el número de estas líneas era de 7.4 millones.
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