Unidos contra la violencia en RD

Entidades públicas y de la sociedad civil evaluaron la política anticriminal y de violencia de género en el país; acuerdan documento con un pliego de recomendacionesCon el fin de coordinar un conjunto de acciones orientadas a enfrentar de forma eficiente los niveles de violencia y criminalidad en el país, un conjunto de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil pasaron balance a los alcances del Plan de Seguridad Democrática aplicado desde el año 2005, de donde surgió un documento en el que hacen una serie de observaciones y recomendaciones que buscan   fortalecer las acciones preventivas.

Para estos fines, fue organizado un seminario-taller, fundamentalmente para tratar el tema de la seguridad ciudadana desde una perspectiva de la prevención integral y el desarrollo local de los municipios, a propósito de cumplirse seis años de la implementación del Plan de Seguridad Democrática. Es por esto que se tocaron aspectos, como la prevención ciudadana, violencia intrafamiliar y la experiencia de los gobiernos locales en el proceso de prevención de seguridad.

“Esto fue parte de un proceso. Quisimos hacer un balance del Plan de Seguridad Democrática, para evaluar sus resultados y encontrar algún tipo de aprendizaje y luego introducir cambios. Actualmente, estamos trabajando en varios municipios”, sostuvo  Radamés Martínez, director del Área de Participación y Género del Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), una de las instituciones que impulsan este proyecto.

Las demás entidades involucradas directamente son el Ministerio de Interior y Policía, la Federación Dominicana de Municipios y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Entre los temas analizados por estas instituciones, y en los que también hacen algunas recomendaciones, figura el del consumo y tráfico de drogas, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

Aquí se econtró que una de las principales limitaciones en la aplicación de políticas públicas de prevención frente al tráfico y consumo de drogas en República Dominicana, refiere al crecimiento de menores de edad en la actividad criminal conocida como sicariato o muerte por encargo. La información aparece en las conclusiones del seminario-taller “Políticas de Prevención en Seguridad  Ciudadana: Balance, Aprendizaje y Propuestas de Mejora”, organizado por la Mesa Local Seguridad, Ciudanía y Género.

Aunque no ofrecen cifras de la cantidad de adolescentes y jóvenes convertidos en matones a sueldo, el dato representa un elemento revelador, porque la mayoría de las muertes por encargo difundidas por los medios de comunicación refieren sólo la participación de adultos en este tipo de crimen.

“Existen madres que reciben recursos económicos para entregar sus hijos al sicariato y las drogas. Son niños que son sacados de la familia. No se ven las políticas del Estado”, afirman las conclusiones consensuadas por cada una de las entidades que integran la Mesa Local Seguridad, Ciudadanía y Género.

Las instituciones participantes en este seminario-taller, muchas de ellas gubernamentales, sostienen que a esta problemática se añade la corrupción pública y privada en la actividad del narcotráfico, y señalan que en estas práctica “son conocidos los actores claves involucrados: regidores y policías”.

Afirman que, fundamentalmente por la razón arriba citada, la percepción de la comunidad es que existe impunidad en relación a las prácticas del microtráfico, donde participan cientos de jóvenes y adolescentes, y del tráfico de grandes cantidades de drogas. En la discusión reservada para analizar el impacto de las acciones para combatir el narcotráfico y consumo de estupefacientes, se criticó que la tendencia de los políticos locales es de traer “enlatados en las políticas y las legislaciones, aprobando leyes por organismos internacionales, por complicidad o por omisión”.

En gran medida, la culpa de que los jóvenes terminen envueltos en la venta de drogas y los crímenes conexos a este negocio criminal, incluido el sicariato, según los organizadores de esta actividad, se debe a la falta de planificación de trabajos con la población juvenil antes de que caigan en el vicio o compra y venta de drogas.

En este contexto, fue igualmente citado la pérdida de temor a Dios, ausencia de educación religiosa y de valores. Se resalta el trabajo que en este sentido realiza la Pastoral Penitenciaria, con aportes propios en el rescate de los jóvenes. Como debilidad, salió a relucir que, independientemente de los discursos que hablan de protección e inversión en la juventud dominicana, en la práctica, no hay organismos que reciban a los jóvenes y adolescentes desamparados y sin esperanzas de mejorar su condición de pobreza o marginalidad.

Cuando se analizaron los desafíos para encarar con éxito las deficiencias señaladas, se tocó uno de los temas más debatidos en las últimas décadas en el país: la situación de los centros de reclusión. “Las sanciones son punitivas; las cárceles están llenas de pobres. Es decir, no son rehabilitantes, como es el caso de jóvenes que después de una orden de libertad salen de las cárceles a delinquir”, cuestionan.

Asimismo, se criticó que los programas preventivos no han surtido el impacto social esperado en la población toxicómana y drogodependiente. Se sugirió que sería conveniente conocer la cantidad de adictos a las drogas, para tener un registro oficial y abrir programas eficaces de combate al microtráfico y que el Estado dé seguimiento a las políticas articuladas en esta dirección.

Coordinación

Pero las instituciones que integran la Mesa Local Seguridad, Ciudadanía y Género, no solo tomaron en cuenta el rol que debe jugar el gobierno central en esta problemática.

También evaluaron la participación de los ayuntamientos, a quienes se les recomendó ser garantes de que exista mayor vigilancia en los espacios públicos y su involucramiento en “la verdadera persecución del crimen”.

A las autoridades responsables de coordinar las acciones de seguimiento y castigo a quienes transgreden el orden jurídico preestablecido, también le dejaron un elocuente consejo: “no apabullamiento con allanamientos”.

Y para cerrar este capítulo, hubo acuerdos en recomendar el establecimiento de una canal de comunicación entre los organismos de prevención y drogas y la comunidad.

Sostienen que “el gobierno debe coordinar más con las instituciones que llegan al grueso de la población”.

Forman también parte de esa iniciativa el Ministerio de la Mujer, la Liga Municipal Dominicana, Foro Ciudadano, Foro Inter-barrial Permanente, el Instituto de Sicología y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación para el Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centro América y el Caribe (DEMUCA). También, el Consejo Nacional de Drogas, el Centro de Investigación y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (Unibe), el ayuntamiento de Boca Chica y la Fundación Friedrich Ebert.

Evaluación del Plan de Seguridad Democrática

Al momento de evaluar los alcances del Plan de Seguridad Democrática, creado en el 2005, se criticó la “búsqueda de protagonismo de las instituciones estatales” involucradas con este proyecto. Igualmente, la poca coordinación para la integración de los gobiernos locales en este plan, y la insuficiencia de los montos erogados para garantizar el desempeño adecuado de los actores vinculados a la seguridad ciudadana. Pero no todo fue comentarios negativos.

También hubo elogios. Se destacó la reducción de heridos de balas perdidas; el aumento de la dotación policial preventiva; la creación de la Policía Auxiliar y el inicio del Programa de Regulación Extranjera.

Sobre la seguridad pública; elogios y cuestionamientos

En el campo de la seguridad pública, hallaron como debilidades la falta de atención a denuncias de maltrato y la dispersión de las acciones ejecutadas por las autoridades responsables de prevenir y perseguir las actividades delictuales, lo que a juicio de estas entidades debilita los resultados.

Para esta área se recomienda diseñar, aprobar e implementar un Código de Seguridad Ciudadana, que rija las acciones a seguir; crear albergues para el cuidado de niños y niñas, mientras los padres y madres trabajan fuera del hogar; desarrollar un programa de educación ciudadana y reforzar la comunidad familiar, vista como un espacio  donde se aprende lo reproducido en la sociedad.

Una mirada crítica hacia la violencia contra la mujer

En las experiencias sobre la aplicación de políticas de prevención frente a la violencia hacia la mujer, se cuestionó la “limitada capacidad de respuesta de los organismos de seguridad (24 horas)”. Igualmente, la falta de unidades de atención especializada y de recursos económicos, y la ausencia de continuidad a la formación técnico-profesional en las fiscalías.

Aconsejan que el problema sea tratado como un asunto de salud pública. El peor de los cuestionamientos fue para las instituciones ligadas a ese flagelo. 

Específicamente, “la falta de profesionalidad y sensibilidad de fiscales, jueces y Policía Nacional para atender los casos de violencia intrafamiliar”. 

Seguridad, ciudadanía y género

Estas variables fueron evaluadas a partir de la experiencia de los gobiernos locales en los procesos de prevención. Una de las recomendaciones más resaltadas fue la de integrar a la Policía Municipal en esta tarea, y seleccionar a sus integrantes con jóvenes residentes en los barrios de la comunidad de que se trate, recomendados por las organizaciones comunitarias.

Se sugirió reiniciar el funcionamiento de la Escuela de la Policía Municipal, y descentralizar los recursos económicos que corresponden a los gobiernos locales. Entre las debilidades detectadas figuran la falta de gerencia para que los fondos sean bien implementados y poca educación de la población.

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