La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutiva el proyecto que modifica varios artículos del Código Procesal Penal.La pieza fue acogida con el informe favorable por el pleno del cámara baja con 117 votos y uno en contra del congresista por Monte Plata, Juan Hubieres.
La segunda lectura fue acogida por los 96 votos que estaban presentes en el hemiciclo. La iniciativa pasar al Senado para su debate y otro procedimiento constitucional.
El presidente de la comisión de justicia de la Cámara Baja, Demóstenes Martínez, dijo que con la aprobación de esta legislación se busca reducir la brecha para aquellos cometan crímenes.
La iniciativa establece sanciones para los jueces y miembros del Ministerio Público, que actúen de manera benigna con los delincuentes.
Adujo que la sociedad dominicana esta irritada ante el auge de la delincuencia, y ver como estos salen con facilidad de las cárceles.
Por su lado, Luisín Jiménez, sostuvo que hay mujeres que han sido violadas y que no se atreven a denunciar a su violador, por lo cual favoreció que se endurezcan las penas para los delincuentes y el crimen organizado.
Manuel Díaz, del PLD por Villa Altagracia afirmó que los miembros del Ministerio Público se han convertido en “picapicas”, que negocian con los delincuentes para que puedan salir de la cárcel.
Acusó al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito de estar de “mamita” porque conoce de esa situación y no actúa contra los miembros del Ministerio Público.
“Eso es una vagabundería lo que ocurre en la justicia. Los diputados y la familia dominicana deben hacer justicias por sus propia manos”, sostuvo legislador peledeísta por San Cristóbal.
La diputada del PLD por Santiago, Magda Rodríguez, presentó varias modificaciones al Código, las cuales en su mayoría fueron acogidas por el pleno.
Nelson Arroyo, del PRD por San Pedro de Macorís dijo que muchos diputados y dominicanos entienden que a través de los códigos está la solución para combatir la delincuencia.
“Entendemos que el problema de la delincuencia en el país no se va a terminar porque se eleve una pena de 30 a 40 años, pues están equivocados, porque esa política cuando la Policía y la justicia apliquen la ley, respetando los derechos de los ciudadanos”, apuntó.
Entiende que una sociedad se hace fuerte cuando se respetan los derechos de los ciudadanos, y adujo que el legislador debe cumplir su papel de legislar y convertirse en vigilante para que esos códigos aprobados se apliquen.
Marino Collante, dijo que la justicia tiene que revisarse, porque si no la gente se va empoderar y actuar por su propia cuenta, favoreció el endurecimiento de las penas para delincuentes.
Instó a la sociedad dominicana a poner ojo avizor encima de los que tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, “porque cuando no se castiga a los infractores, estos continúan cometiendo hechos delincuenciales”.
Pedro Botello, del PRSC, valoró el trabajo de la comisión de justicia en término técnico y de adecuación, y en el sentido apuntó que el Código no resolverá la delincuencia si los jueces no aplican las leyes”.
También Ramón Rogelio Genao, vocero de los diputados PRSC, dijo que la criminalidad y la delincuencia se originan por múltiples factores, pero principalmente está en la base legal que norma la aplicación de justicia.
Agregó que el Código se ha convertido en un aliado del crimen y de la delincuencia porque salen con muchas felicidades de las cárceles.
Juan Hubieres, manifestó que la modificación del Código Procesal en nada ayudará a combatir la criminalidad sino se actúa con responsabilidad en castigar los delitos para que no haya impunidad en el país.
Anotó que la corrupción, la impunidad y la complicidad están perjudicando el país.
Elpidio Báez, estimó que hay personas que quieren culpar al Código de la criminalidad. Tras señalar que no está de acuerdo con esa visión, y acotó que no se está atacando las causas reales que genera la delincuencia, y en cambio se usa el discurso de “la mano dura” contra ese flagelo.
Abogó por un pacto social con todos los poderes en la que todos se comprometan a aplicar políticas destinadas atacar las causas que originan la delincuencia.
Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, dijo que si se concentran en el país droga, armas, lavado de activos, mafias de bandas internacionales, y modelos de comportamiento no se puede esperar en término de mejorar la seguridad ciudadano”.
“Hay que controlar los que están presos, que no se siga hablando de lucha contra la inseguridad, la criminalidad ni la delincuencia si no tenemos calles, ciudadanía ni frontera segura” enfatizó Pelegrín Castillo, quien reveló que en los tribunales hay 8 mil expedientes inconclusos, engavetados, porque no se les da cumplimiento.
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