Santo Domingo
La Cámara de Diputados rechazó las observaciones que le hizo el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, al proyecto de Ley de regulación salarial en la administración pública.
Al rechazar las observaciones al proyecto, queda automáticamente convertida en Ley ya que la legislatura termina este viernes.
Una vez promulgada esta ley por el Poder Ejecutivo, aplicaría a todas las instituciones de la administración pública, incluyendo a la del régimen monetario y financiero.
Sin embargo, a ésta, en la que se incluye el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, le otorga un plazo de dos años para que se normalicen.
La ley limita el uso de tarjetas de créditos con cargo al Estado al presidente y vicepresidente de la República; los presidentes de las Cámaras legislativas; presidente de la Suprema Corte de Justicia y los titulares de entes y órganos de origen constitucional.
También establece como salario tope para el presidente de la República 450 mil pesos; para el del Senado, la Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional 400 mil pesos; el Tribunal Superior Electoral 375 mil pesos; de la Cámara de Cuentas 350 mil pesos; los ministros, el procurador general de la República, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el contralor general 300 mil pesos, así como el Defensor del Pueblo 250 mil pesos.
También establece que los gastos de representación quedarán limitados hasta un monto máximo de hasta el 15% del salario o sueldo base del funcionario, exceptuando al residente y vicepresidente de la República, los presidentes de las Cámaras legislativas, presidente de la SCJ, TC, TSE, Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.
La asignación de combustible corresponderá al 10% del salario, exceptuando al presidente y vicepresidente. En los demás poderes se establecerá con un reglamento.
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