Santo Domingo.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno a garantizar la nacionalidad a las personas nacidas en el país que la habían adquirido entre 1929 y la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de 2010, que ahora han sido afectadas por la sentencia de 168-13 del Tribunal Constitucional.

La CIDH consideró que no debe exigirse a las personas tuvieran la nacionalidad hasta la publicación de la sentencia del TC, se registren ahora como extranjeros para poder gozar de sus derechos.

Recomendó al gobierno que las medidas que adopte para resolver la situación deben ser generales y automáticas, y garantizar los derechos de las personas, los procedimientos sencillos y rápidos y su aplicación no puede ser discrecional.

"Los mecanismos que se pongan en vigencia para estos objetivos deben ser accesibles y económicos", significó la delegación de la CIDH en una rueda de prensa en el hotel Crwone Plaza.

Asimismo, la CIDH dio como resultado de las consultas llevadas a cabo en el país durante 4 días, que al igual, que en el 1997, cuando realizaron su primera visita, continúa la situación de discriminación y privación arbitraria de la nacionalidad de los haitianos.

Asimismo, manifestó que la sentencia 168-13 tiene un efecto discriminatorio dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son, personas afro descendientes; Priva de la nacionalidad retroactivamente, y genera apátridas respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación.

La Comisión determinó que la privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de estas personas como resultado de no estar registrados o de las dificultades en el aspecto a los documentos de identidad, genera una situación de extrema vulnerabilidad en la cual se producen violaciones a otros múltiples derechos humanos.

La Comisión observó que la referida Sentencia afecta desproporcionalmente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza.

La CIDH informó que visitó varios bateyes en diversos puntos del país y constató condiciones de pobreza, exclusión y discriminación bajo las cuales viven sus habitantes.

Dijo que la pobreza afecta desproporcionalmente a las personas de ascendencia haitiana, y esto guarda relación con los obstáculos que enfrentan al acceso de sus documentos de identidad.

En otro orden, la Comisión Interamericana comunicó que recibió información “profundamente preocupante” acerca de presiones contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos, legisladores, defensores de derechos humanos, e incluso servidores públicos de alto nivel que han criticado la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Destacó que estas personas han sido calificadas como “traidores a la patria”, han sido objeto de amenazas y se ha llamado públicamente a dar muerte a los traidores.

CIDH revela PE y CN reconocieron problema de derecho de nacionalidad

Los poderes Ejecutivo y Legislativo (léase Presidencia de la República y el Congreso Nacional) reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de “un problema respecto del ejercicio del derecho a la nacionalidad por parte de las personas de ascendencia haitiana”.

Así lo revela la propia comisión en el informe final que rindió este viernes de los resultados de las consultas realizadas en el país sobre supuestas violaciones a los derechos de los descendientes haitianos.

La CIDH también afirma que el Poder Ejecutivo y el Congreso se manifestaron conscientes de la necesidad de encontrar una solución al problema migratorio y de nacionalidad.

La propia Comisión enumera las medidas que a su juicio deben adoptarse para corregir el despojo de la nacionalidad adquirida por los descendientes haitianos.

Entre esas meditas la CIDH cita, garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya lo tenían bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.

Asimismo, no exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquellas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

También sugiere que las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia deben ser generales y automáticas.

“Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria”, recomienda.

Igualmente, aconsejan que los mecanismos sean accesibles en términos económicos.

Por otra parte, la sugirió que el Gobierno y el Estado dominicanos adopten medidas “urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de la nacionalidad”. Asimismo, pide a las autoridades evitar la expulsión o deportación.

Define de “graves” las vulneraciones de derechos que se producen en República Dominicana como consecuencia de la falta de documentos de identidad.

Los comisionados plantean una solución de largo plazo que ponga fin a las situaciones que ellos definen violación de los derechos de haitianos y sus descendientes.

“Estas medidas urgentes deben garantizar el acceso de todas las personas a servicios básicos, como salud y educación, y deben evitar de manera efectiva cualquier expulsión o deportación”, precisa.

Vinicito califica como adefesio informe CIDH

Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), calificó como un adefesio sin fundamento alguno el informe rendido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la supuestamente se comprobaron graves violaciones de derechos humanos en la República Dominicana y en la que se expresan aseveraciones totalmente falsas contra la Sentencia No.168-2013  del Tribunal Constitucional.

 “El informe está lleno de falsedades; expresa que las Constituciones vigentes de 1929 al 2010 concedían nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes ilegales, lo que es absolutamente falso¨ indicó Castillo.

 Agregó que eso no lo estableció la sentencia del Tribunal Constitucional; eso ya había sido decidido de forma irrevocable en fecha 14 de diciembre de 2005 por la Suprema Corte de Justicia. 

 Calificó como un absurdo hablar de desnacionalización y de riesgos de apatridia, alegando que los miembros de la Comisión saben que la Constitución Haitiana establece que los hijos de haitianos adquieren la nacionalidad de sus padres de forma automática, nazcan donde nazcan.

 El Dirigente Político dijo: “El Presidente de la CIDH dijo haber recibido quejas de 3,400 personas, pero admitió que no ha verificado la documentación aportada por ninguna de ellas; sin embargo, en el informe se condena a la República Dominicana¨.

 Aseguró que la sociedad dominicana lo que estaba esperando era que ellos explicaran quién pagó las decenas de millones de  pesos que se invirtieron para trasportar en autobuses con aire acondicionado, refrigerios, baños portátiles, carpas, a los supuestos quejosos, a quienes se les preparó previamente formularios de acusación por violación a los derechos humanos.

 Explicó que es evidente que la CIDH quiere que se ponga de lado la aplicación de la sentencia del TC con una ley de otorgamiento automático de la nacionalidad dominicana a los afectados por dicho fallo, lo que la haría  nula de pleno derecho. 

 Informó que lo que procede es la Ley de Naturalización Especial para los 14,000 casos registrados en la JCE afectados por la sentencia, en un proceso expedido y gratuito, que le permita obtener la nacionalidad dominicana a los que así lo deseen, acogiéndose a las reglas de la naturalización. 

 ¨ Es ese el único camino que concilia el respeto a la institucionalidad de la República Dominicana y le da una salida justa y humana a los afectados por la sentencia”, consideró Castillo Semán.

Cardenal dice “aquí mandamos nosotros”

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez salió al frente este viernes a las críticas sobre supuestas violaciones a los derechos humanos que hiciera una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra de visita en nuestro país desde el pasado lunes.

Tras participar en una eucaristía con motivo a la presentación de memorias de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santiago, el prelado exigió a la CIDH a "no entrometerse" en los asuntos particulares del Estado dominicano.

"Aquí mandamos nosotros y sabemos cómo debemos hacer las cosas. La CIDH no tiene nada que meterse”, afirmó el religioso católico.

Responsabilizó al organismo internacional de querer burlarse del país, y pidió respetarlo como se hace con los grandes.

En otro orden, reiteró su respaldo al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular.

"El país se ha decidido regularizar a todas las personas que están aquí ilegalmente. Nadie tiene que venir a decirle a la República Dominicana lo que tiene que hacer como nación", concluyó el purpurado.  

Abel Martínez llama al pueblo a unirse en contra de amenazas se ciernen sobre RD

El presidente de la Cámara de Diputados,  llamó este viernes al pueblo dominicano a unirse en contra de los amenazas que se ciernen sobre el país, tras indicar que no le sorprende el informe de la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pues ya había emitido ese juicio antes de venir al país invitados por el Poder Ejecutivo.

Abel Martínez expresó que defenderán la dignidad de la nación al precio que sea, ya que la soberanía dominicana es innegociable y la Constitución es la que rige a los dominicanos como Estado, como Nación y “no se cederá ni un ápice en el respeto a ella”.

Rechazó por infundas y carentes de veracidad los criterios emitido por los delegados CIDH, que solo se limitaron a recibir denuncias sin ningún soporte y sin  hacer investigación correspondiente, para determinar si se ajustan a la realidad.

Entiende que si se tratara de una investigación sería, dijo que lo adecuado era que los delegados verificaran y comprobaran las denuncias de las supuestas violaciones y no dar como válidas sin hacer las indagatorias.

Deploró que sectores del país se hayan prestado a la campaña abusiva e injusta, a pesar de que “hemos sido solidarios y  hemos cargado con una gran parte de la responsabilidad que el Estado Haitiano No asumido con sus nacionales”.

Reiteró su apoyo firme a las normas vigentes y  a la Constitución en torno al cuestionamiento que el organismo internacional viene haciéndole a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y rechazó los juicios emitidos por los delegados CIDH, por estar sesgados y parcializados, que buscan hacer daño al país.

El 87.3% de la población de inmigrantes de la República Dominicano son ciudadanos haitianos, según los resultados de la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012.

El Estado dominicano invierte más de 1,446 millones en la educación de los nacionales haitianos, según la Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo de la Institución.

En la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia de cada 100 nacimientos que se registran 24 corresponden a madres de procedencia haitiana, de las cuales el 78% llegan sin ninguna documentación personal.

Abel Martínez también dijo que los dominicanos son los únicos que se han sacados sangre para transfusiones de personas necesitadas del vecino país.

“Las mujeres dominicanas son las únicas en el mundo que han amantados a niños y niñas haitianas que necesitaban leche maternas”, subrayó el presidente de la Cámara de Diputados.

Finalmente, sostuvo que la República Dominicana  el único el país que ha ido en auxilio real, verdadero, tangible y palpable a un pueblo que aún está viviendo en carpa luego de la catástrofe que sufrió consecuencia del terremoto ocurrido en enero del año 2010.  

A continuación el documento emitido por la CIDH:

Comunicado de Prensa 97/13 CIDH culmina visita a República Dominicana

6 de diciembre de 2013

Santo Domingo – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condujo una visita in loco a República Dominicana del 2 al 5 de diciembre de 2013, en atención a una invitación del Estado. La visita tuvo por finalidad observar la situación en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como a otros derechos y problemáticas relacionadas. La Comisión llevó a cabo esta visita a fin de supervisar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos libremente por el Estado de República Dominicana en ejercicio de su soberanía.

La delegación estuvo integrada por el Presidente, José de Jesús Orozco Henríquez; la Primera Vicepresidenta, Tracy Robinson; la Segunda Vicepresidenta, Rosa María Ortiz, y los miembros Dinah Shelton, Felipe González y Rose Marie Antoine, así como el Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza L.; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, y personal de la Secretaría Ejecutiva. Durante la visita, diversas delegaciones de la CIDH visitaron las provincias de Bahoruco, Dajabón, Jimaní, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y Valverde. La CIDH sostuvo reuniones con autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos humanos y representantes de agencias internacionales.

La Comisión agradece al Presidente Danilo Medina, su Gobierno y al pueblo dominicano todas las facilidades brindadas para la realización de esta visita. En particular, la CIDH valora y agradece el apoyo de las autoridades de Gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil. Muy especialmente, la Comisión valora y agradece a las 3.994 personas que se acercaron a presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.

A través de la visita, la CIDH ha podido valorar diversos avances en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos. En especial, la Comisión valora y saluda como un avance muy positivo la incorporación directa al derecho interno, con rango constitucional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y todos los compromisos internacionales adoptados por el Estado en la materia, a través de la reforma de la Constitución del año 2010.

La Comisión Interamericana recibió durante la visita información preocupante sobre graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad ante la ley, y a la no discriminación. Las violaciones al derecho a la nacionalidad, que la Comisión había observado en su última visita in loco, realizada en 1997, continúan, y la situación se ha agravado debido a la Sentencia TC 0168/2013 del Tribunal Constitucional. Como consecuencia de la sentencia, un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos y dominicanas, que diversas fuentes estiman en más de 200.000 personas, han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad como consecuencia de esta Sentencia. Como resultado, estas personas han visto violado su derecho a la personalidad jurídica, y viven sumidos en una condición de extrema vulnerabilidad. Esta situación afecta en forma desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana, quienes son también personas afrodescendientes y frecuentemente identificados sobre la base del color de su piel, constituyendo una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación.

La Comisión estima que la Sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La Sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.

La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de estas personas como resultado de no estar registrados o de las dificultades en el acceso a los documentos de identidad genera una situación de extrema vulnerabilidad en la cual se producen violaciones a otros múltiples derechos humanos. La Comisión observa que la Sentencia 168/13 afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza. La CIDH visitó varios bateyes en diversos puntos del país y constató las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación bajo las cuales viven sus habitantes. La pobreza afecta desproporcionadamente a las personas de ascendencia haitiana, y esto guarda relación con los obstáculos que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad. 

En otro orden, la Comisión Interamericana recibió información profundamente preocupante acerca de expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos, legisladores, defensores de derechos humanos, figuras públicas e incluso servidores públicos de alto nivel que han criticado la Sentencia del Tribunal Constitucional. Estas personas han sido calificadas como “traidores a la patria”, han sido objeto de amenazas y se ha llamado públicamente a dar “muerte a los traidores”. La Comisión también expresa su preocupación de que la intolerancia y el discurso racista cree un ambiente que incremente la vulnerabilidad frente a la violencia de las personas de descendencia haitiana. La Comisión hace un llamado a las autoridades a contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello. 

La Comisión Interamericana realizó la visita que concluye hoy con el fin de analizar de primera mano la situación de las personas afectadas por la Sentencia 168-13 a la luz de los estándares del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. De acuerdo con su práctica, la Comisión comparte hoy sus observaciones preliminares sobre la situación con base en la visita realizada, y expresa su voluntad de colaborar con el Estado en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

Autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo expresaron a la Comisión Interamericana que reconocen la existencia de un problema respecto del ejercicio del derecho a la nacionalidad por parte de personas de ascendencia haitiana, y conscientes de la necesidad de encontrar una solución. En este sentido, y con el espíritu de colaborar en la búsqueda de una solución respetuosa de los derechos humanos, la Comisión destaca que las medidas que se adopten para responder a los desafíos identificados en cuanto al derecho a la nacionalidad, en particular los evidenciados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, deberían tener las siguientes características:

1) Debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010. 

2) No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

3) Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.

4) Los mecanismos deben ser accesibles en términos económicos.

Finalmente, la Comisión destaca que toda persona tiene el derecho de contar con la protección y las garantías judiciales, en forma accesible y eficaz, para salvaguardar los derechos a la nacionalidad, identidad, igualdad y no discriminación, que forman el enfoque principal de la presente visita. 

Este comunicado tiene un anexo, consistente en las Observaciones Preliminares de la CIDH sobre la visita.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. DE NUEVO DIARIO