EFE
Sin importar las siglas de su partido, los candidatos a las elecciones mexicanas del domingo, 7 de junio, llevan semanas sufriendo ataques y asesinatos, en unos comicios amenazados de boicot por parte de los sindicatos de maestros y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.
Pese a que los mensajes del Gobierno mexicano buscan reflejar normalidad, como cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, negó hace unos días que el Gobierno se haya visto rebasado por la violencia y aseguró que el país "no está en llamas", los ataques han hecho saltar las alarmas.
El propio secretario reconocía que al menos veinte candidatos están recibiendo protección por parte de las autoridades y admitía la imposibilidad de otorgarla a los miles de candidatos que se presentan a los 1.996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de 9 estados.
Según los expertos, se ha registrado un incremento significativo de la violencia en relación con los procesos de 2012 y 2009, cuando ya se produjeron algunos asesinatos de candidatos.
Pese a que son cuatro los estados donde más violencia se ha registrado en los últimos meses por la lucha entre cárteles del narcotráfico (Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco), los eventos trágicos contra candidatos o sus equipos se han sucedido en los distintos estados de la República.
Ya en la precampaña, a comienzos de marzo, la precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio guerrerense de Ahuacuotzingo, Aidé Nava, era secuestrada y decapitada.
Solo unos días después, la candidata a diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Pérez Cano, y su asistente sufrieron una agresión en el estado de Morelos, cuando fueron encañonados.
En abril el candidato a la alcaldía del Partido Social Demócrata (PSD), Mauricio Lara, del estado de Morelos fue atacado a balazos y el candidato a gobernador del partido Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero, Luis Walton, fue encañonado junto con su equipo de campaña en un municipio de Chilapa.
El candidato a la alcaldía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de este municipio, Ulises Fabián, era asesinado el 1 de mayo por un grupo armado.
El 14 de mayo, Enrique Hernández, candidato a la alcaldía de Yurécuaro en Michoacán por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) también era asesinado y, un día después, moría otro candidato del PRI a regidor en el municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco, Héctor López Cruz.
La pasada semana fueron dos los fallecidos. En Puebla, José Salvador Méndez, asesor de campaña del candidato priísta a diputado federal, Lorenzo Rivera Sosa. Y en la Ciudad de México Israel Hernández, coordinador de la candidata a diputada local del PRI, Aida Beltrán, moría en un tiroteo frente a la casa de la aspirante.
El aluvión de asesinatos es visto por los especialistas como una advertencia para mejorar los protocolos de seguridad con que cuentan los candidatos, que a su vez debería reflejar con más transparencia los riesgos, conflictos de interés o eventuales presiones del crimen organizado.
En este tiempo han sido muchos los que no han aguantado y se han tenido que retirar de la campaña por amenazas, como el candidato a diputado federal del Movimiento Ciudadano en el estado de Sinaloa, Gerardo Brambilla, o la candidata a la alcaldía de un municipio de Guerrero de Morena, Valentina Rosendo.
Pero no son solo las actuaciones del narco lo que está tensando el proceso electoral.
El llamamiento al boicot por parte de sindicatos de maestros y de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala hace temer que la violencia contra los lugares electorales se incremente en los últimos días.
Especialmente en el estado de Guerrero, donde los padres exigieron que no se celebraran los comicios por la inexistencia de condiciones, debido a la alta violencia, una opción desechada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Otro de los estados más candentes es el sureño Oaxaca, donde miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han anunciado que planean tomar instalaciones del INE a partir del 1 de junio para evitar la celebración de comicios.
Pese a que el INE asegura que el país entero está listo para las elecciones, los distintos focos de tensión o de violencia mantienen despierta la posibilidad de que en algunas zonas no puedan celebrarse en su totalidad.DE EFE
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