La Justicia argentina desestimó ayer la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas, al dictaminar que no hay pruebas para iniciar una causa penal, aunque la decisión podrá ser apelada.
El magistrado Daniel Rafecas consideró que, analizadas las evidencias, "ha quedado claro" que ninguna de las líneas de acusación expuestas por Nisman y después retomadas por el fiscal Gerardo Pollicita "se sostiene mínimamente", según una resolución emitida hoy y difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Para Rafecas, no se puede iniciar un proceso penal ya que las pruebas "dejan huérfano de cualquier sustento" la supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní".
"Por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado" por Nisman, considera Rafecas.
En enero pasado, cuatro días después de haber presentado su denuncia, Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, murió de un disparo en la sien en su domicilio, en circunstancias aún no aclaradas.
En la denuncia identificaba a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a varios colaboradores oficialistas como presuntos responsables de haber orquestado un plan para exculpar a los presuntos sospechosos iraníes del atentado.
Tras su muerte, el fiscal Gerardo Pollicita tomó la denuncia y el pasado 13 de febrero solicitó a Rafecas la imputación de Cristina Fernández y del resto de señalados por Nisman.
Las acusaciones se relacionaban con la firma de un memorándum de entendimiento con Irán, aprobado en 2013 en Argentina pero nunca ratificado por el Gobierno iraní, que contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el atentado.
Según la denuncia de Nisman, tras el memorándum se escondían negociaciones entre los Gobiernos de Argentina e Irán para intensificar relaciones comerciales a cambio de encubrir a los presuntos terroristas.
Rafecas desestima esta acusación porque "el presunto delito nunca se cometió", ya que el tratado nunca se puso en marcha.
El magistrado también rechaza que el Gobierno operase para tratar de levantar las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos ya que el análisis de las pruebas, "lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito".
"De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas", continúa el texto.
Según anticiparon medios locales, el dictamen será apelado por Pollicita, aunque fuentes de la Fiscalía rechazaron confirmar a Efe esa posibilidad.
Desde la oposición, aunque ratificaron su respeto a la Justicia, cuestionaron que Rafecas actúe con independencia.
La diputada de la Coalición Cívica y aspirante presidencial Elisa Carrió aseguró hoy que el Gobierno ha "negociado" con el juez para que no se investigue a la presidenta y para que se desestime la denuncia de Nisman.
Por su parte, Patricia Bullrich, diputada del bloque Unión-Pro, consideró que en Argentina se necesita "generar condiciones para que la Justicia actúe con autonomía e independencia porque uno también puede pensar que los jueces o fiscales están con miedo y las resoluciones pueden no ser las adecuadas".
El dictamen de Rafecas supone un balón de oxígeno para el Ejecutivo de Fernández, que en los últimos tiempos se ha mostrado abiertamente enfrentado al Poder Judicial a raíz no solo de la denuncia de Nisman sino de varias causas que la salpican a ella y altos cargos como el vicepresidente Amado Boudou, doblemente procesado por corrupción y falsificación de documentos.
La propia presidenta, que sostiene que los jueces y fiscales actúan como un partido político opositor, enfrenta acusaciones directas en el marco de una denuncia por presuntas irregularidades financieras en una empresa hotelera Hotesur, de la que es accionista.DE EFE
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