A propósito de la recusación este viernes contra la jueza que conocería la medida de coerción a los apresados en la Operación Frontera, el Ministerio Público pidió la rectificación del nombre de uno de los imputados, quien había sido señalado como uno de los cabecillas de la red.
El órgano acusador, a través del documento de solicitud de rectificación, indicó que se cometió un “error involuntario” al utilizar el nombre y datos de Leonardo Acosta Cruceta, alias Leonelo, al tiempo de explicar que la persona que se encuentra prófuga y es señalada como miembro de la red es Ramón Leonel Batista Silverio. En el documento, el Ministerio Público incluyó, además, el número de cédula de este último.
Leonardo Acosta Cruceta, aseguró en un video que circulaba hace varios días en las redes sociales, que se había enterado del caso por las noticias, mientras se encontraba en su residencia observando la televisión.
En el audiovisual, Acosta Cruceta afirmaba que se dedicaba a la venta de pescado y que no sabía por qué figuraba como el eje clave en la red de tráfico ilícito de inmigrantes. Además, agregó que nunca había visitado Monte Cristi y tampoco Dajabón.
Mientras que la procuradora Yoanna Bejaran Álvarez estableció que “se hizo una rectificación de un documento” y aseguró que dicha persona se encuentra vinculada, aunque “en su momento saldrá la información”.
Audiencia
El conocimiento de la medida de coerción contra 11 imputados en la Operación Frontera vinculados al tráfico y trata de nacionales haitianos en Montecristi, quedó sin fecha establecida tras la recusación presentada por los representantes legales de los imputados este viernes en el Palacio de Justicia Montecristi.
Gonzalo Placencio, quien representa a uno de los imputados, explicó que parte de los abogados de la defensa recusaron a la jueza “por haber intervenido en dictar las órdenes de arresto y de allanamiento, así como las intervenciones telefónicas”.
De igual manera, la licenciada Wendis Almonte, estableció que la jueza Javiera Antonia Gómez tiene bastante conocimiento del caso de investigación y, por lo tanto, está “contaminada” para conocer la presente medida de coerción.
Según lo explicado, esta recusación pasará a la Corte de Apelación donde será evaluada y allí se decidirá sobre la misma y su próxima fecha.
Al momento de la medida de coerción pospuesta en las afueras de las instalaciones del poder judicial, se encontraban una multitud de comunitarios y familiares de los imputados a los que no se les permitía la entrada.
A su vez, la institución contaba con extremo personal de seguridad en cada uno de sus planteles, quienes desde la entrada se aseguraban de que allí solo hicieran presencia personalidades de lugar y miembros de la prensa.
Caso Frontera
La investigación lleva en curso aproximadamente un año y cinco meses, donde el Ministerio Público ha identificado hasta la fecha 15 imputados, de los cuales 11 se encuentran arrestados, entre ellos cinco militares y nueve civiles, a quienes se les imputa por trata y tráfico ilícito de personas, en este caso, de nacionales haitianos indocumentados.
El órgano acusador está solicitando prisión preventiva contra los procesados en este caso, una red organizada desarticulada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) en conjunto con la fiscalía de esta demarcación.
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