Una dominicana es acusada de falsa cirujana plástica, inyectaba silicona líquida por US $1.000

Whalesca Castillo residente en El Bronx fue arrestada por agentes del FBI-
NUEVA YORK._ Whalesca Castillo de 36 años de edad, una dominicana a la que el FBI acusa de ser una falsa cirujana plástica que ilegalmente inyectaba docenas de mujeres con silicona líquida y a las que les cobraba $1.000 dólares por cada inyección, fue arrestada por agentes de esa agencia el viernes último en su negocio “Amores Nail” de El Bronx, donde reside. En el expediente fichado 11MAG0091, los fiscales aseguran que la dominicana ponía las inyecciones a sus lientas en su casa. La silicona líquida es una sustancia muy peligrosa que puede provocar infecciones severas en quienes son inyectados y está prohibida desde hace años por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, inglés).

Castillo traía a Nueva Yorl la silicona desde la República Dominicana y la usaba, ofertando a las mujeres, aumentarles los senos y las nalgas con la sustancia. No tenía licencia médica ni los equipos apropiados para garantizar la seguridad física y la salud de sus clientas, agrega el prontuario de 14 páginas.

Castillo, quien fue liberada con una fianza cuyo monto no se especificó, se negó a hablar con los medios que buscaron su reacción acerca de la acusación. En su residencia de la avenida Inwood en el sector de Mount Eden en El Bronx, dos mujeres rechazaron la presencia de reporteros. Al parecer, son parientes de la imputada.

En su negocio ubicado en la calle Clark del mismo condado, compañeras de trabajo salieron en su defensa, calificándola de una mujer emprendedora y honesta, pero dijeron desconocer si Castillo se dedicaba a poner las inyecciones de las que se le acusa.Mantiene el establecimiento por ocho años, pero el negocio se especializa en uñas. Un hijo suyo fue asesinado en abril del 2010 y tiene una hija. Las defensoras de la acusada dijeron que ninguna clienta ha reclamado nada ilegal o perjudicial contra Castillo, luego que los fiscales pidieran a cualquier mujer perjudicada que denuncien a la estilista dominicana.

Un comunicado del FBI emitido ayer domingo sostiene que Castillo mantenía un negocio clandestino y que salió corriendo de su casa en El Bronx. El Fiscal Federal del Distrito Sur, Preet Bharara dijo que a medida que la dominicana puso en peligro la vida de varias mujeres a la que desalentó a buscar ayuda médica después de inyectarla, con el único propósito de hacer dinero rápido y fácil.

La acusación también sostiene que Castillo estaba importando la silicona líquida desde su poaís natal desde el 2009 y decía a las mujeres inyectadas que el procedimiento era seguro. Una de las mujeres experimentó fuertes dolores y falta de respiración después de haber sido inyectada por Castillo. Se desmayó horas después de haber sido inyectada. Fue revivida por su novio, quien llamó a la dominicana para reclamarle, pero la acusada desalentó a la pareja a buscar ayuda médica.

Castillo le argumentó que ningún hospital la iba a ayudar porque la inyección era ilegal. En noviembre del 2010, agentes de la policía local y oficiales de sanidad, allanaron la casa de Castillo, encontrando numerosas bolsas de basura que contenían más de cien frascos en los que se embalsa la silicona en la República Dominicana. También encontraron jeringas, agujas, gasas ensangrentadas y docenas de tubos vacíos del pegamento Krazy Glue, usado por Castillo para “sellar” las heridas de sus clientas.

“Al menos una de esas mujeres, fue desalentada por Castillo para que no buscara ayuda médica”, añade la declaración del fiscal federal. “Continuaremos trabajando con el FBI y la FDA para exponer y castigar esas operaciones subterráneas que buscan obtener ganancias al ofrecer tratamientos seguros a expensas de la salud pública y la seguridad”, expresa el fiscal.

La investigación contra la dominicana fue encabezada por el agente especial del FBI Mark Dragonetti, quien dijo que los requisitos de la FDA se han diseñado para garantizar la seguridad y la calidad de los productos sanitarios y medicamentos distribuidos a los consumidores estadounidenses. La acusada se enfrenta a una sentencia de hasta tres años en una cárcel federal.