miércoles, 23 de febrero de 2011

Apoderan tribunal para que conozca apelación de condenados en caso Paya UNOS DE LOS RECURSOS FUE PRESENTADO POR ORÍN GÓMEZ

Santo Domingo
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fueron apoderados hoy de los recursos de apelación presentado por parte de los 16 sentenciados a 30, 20, 10, 5 y 3 años de prisión en el caso Paya.

El expediente fue remitido al tribunal por el presidente de la Cámara Penal de la Corte, José Uribe Efres, a los fines de que decida sobre los recursos de apelación incoada en contra de la decisión de los jueces Alina Mora de Mármol, Natividad Ramona de los Santos y Rafael Pacheco.

El apoderamiento se produce, luego de que la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Eunice Rodríguez Then remitiera la pieza acusatoria inventariada.

Uno de los recursos fue presentado por José Luís Montás (El Duro Motors), a través de su abogado Marino Feliz, empero el tribunal deberá declarar la extinción del proceso seguido en su contra debido a que este falleció luego de ser internado en el Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, aquejado de salud.

Los recursos fueron presentados además por el nicaragüense Orín Clinton Gómez, único sobreviviente de la matanza, Manuel Roche Pineda, Andrés Berroa Mercedes, Miguel Peña Figuereo, Dennis Jairon y el ex capitán de la Marina Eduard Mayobanet Rodríguez Montero.

También presentaron recurso en contra de la decisión de los jueces del Tercer Tribunal Colegiado, el ex coronel de la Marina Ricardo Rafael Pérez Guzmán, su esposa Escarlet Aristy Rosa, Andrés Tapia Balbuena y Yaneuris Calvo Tejada.

En los recursos presentados por separados por la defensa de los imputados, se pide al tribunal anular la sentencia emitida a principio de diciembre por los jueces y que en consecuencia ordene un nuevo juicio a fin de valorar las pruebas.

En el proceso estaban involucradas unas 22 personas entre civiles y militares, pero seis fueron declarados no culpables, tras considerarse que el Ministerio Público no aportó las pruebas que pudieran justificar una sentencia condenatoria.

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