Estado gasta RD$800 MM en defensa acusados de delitos

LA OFICINA DE DEFENSA PÚBLICA TIENE 177 ABOGADOS PARA DEFENSA LEGAL
Santo Domingo
El Estado dominicano ha destinado más de 800 millones de pesos para garantizar la representación legal gratuita a los acusados de delitos penales que no cuentan con un abogado privado, a través del servicio que brinda la Oficina Nacional de Defensa Pública.

Para este año el Poder Ejecutivo le aprobó un presupuesto de 240 millones.

Con 19 oficinas abiertas en todo el país, consideradas todavía insuficientes para cubrir la demanda, los defensores públicos han representado a 119,178 personas en los tribunales del país, desde el 2003 hasta septiembre del 2010, incluyendo a menores de edad.

La Oficina de Defensa Pública cuenta con 177 abogados para asistir legalmente a los imputados, quienes han llevado el 57.7 por ciento de los todos los procesos penales ventilados en los tribunales en el país, según expuso Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública.

En un 84 de los casos, los defensores públicos obtuvieron resoluciones favorables en el 2009, pero Hernández aclara que no significa que al imputado lo hayan puesto en libertad, sino que lograron una pena diferente a la solicitada por el Ministerio Público.

Garantía a derechos
“Porque el trabajo de los abogados no es de fin, sino de medios, facilitar que a las personas se les garantice su derecho y obtener la resolución más favorable, aunque sé que en las estadísticas del Ministerio Público la catalogan como una condena, porque medimos las estadísticas de manera diferente”, expuso.

Hasta diciembre del 2009, los recursos económicos de la Oficina eran aportados por la Suprema Corte de Justicia, que incluía una partida dentro de su presupuesto anual, pero a partir de enero del 2010, están contemplados en el Presupuesto y Ley de Gastos Públicos.

Las oficinas están ubicadas en los departamentos y distritos judiciales del país, pero tiene pendiente poner a funcionar otras 15 que, de acuerdo con Hernández Román, no han podido abrir por limitaciones económicas.

En los lugares donde no hay oficinas abiertas, dan la asistencia los abogados de oficio, que entiende no es el modelo ideal, porque pueden ejercer privadamente y llevar casos públicos.

Hernández Román subraya que la ventaja de un defensor público es que dedica todo el tiempo a esa labor, porque no puede ejercer y, en cambio, está en condición de llevar más casos.

Limitaciones y logros
Para Hernández, la mayor debilidad del servicio ha sido no tener un presupuesto muy elevado que le permita abrir nuevas oficinas para cubrir a todo el país y llamar a concursos públicos para integrar a más defensores que necesitan.

Al observar los presupuestos aprobados cada año al Servicio Nacional de Defensoría Pública, nos damos cuenta que son inferiores a los montos solicitados. Por ejemplo, para ejecutar este año, la oficina solicitó 597 millones y le aprobaron 240 millones. Lo mismo ocurrió en el 2010, cuando pidieron 491 millones y le aprobaron la misma suma de este año.

Los sueldos de los defensores públicos van por categoría, ingresando con 49,500 pesos, lo que Hernández entiende es un salario digno, pero no se corresponde con el cúmulo de trabajo que tiene.

“Un abogado privado lleva 20 casos al mismo tiempo, un defensor público lleva 200 casos a la vez. Pueda que en lugares lleven menos, pero hay otros que pueden llevar más de 200 casos”, apunta.

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MAYORÍA DE DEFENDIDOS ES POR CASOS DE DROGAS
Los casos ingresan a través de los mismos operadores del sistema de justicia, fiscales, policías, jueces y defensores públicos que los ubican en las cárceles y destacamentos policiales durante las visitas que realizan, así como por los mismos familiares del imputado.


La mayor cantidad de los reclusos que defienden están acusados de violación a la ley 50-88 sobre drogas, que superó los delitos de robo, que anteriormente prevalecían.

También defienden imputados sometidos a la justicia por homicidio, golpes y heridas, violación sexual y la ley de cheques.

Hernández precisa que los imputados por asuntos de drogas corresponden a casos menores, generalmente consumidores o personas que caen en tráfico como “mula” o de porciones menores, aunque señala que pueden haber algunos por narcotráfico.