Para evitar que los reclusos utilicen celulares que posteriormente puedan adquirir por vías ilegales, las autoridades también instalarán inhibidores de señales telefónicas no autorizadas, con el apoyo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), explicó Jiménez Peña, tras discutir el plan con el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, mayor general Pedro Antonio Cáceres Chestaro, el director general de Prisiones, Roberto Obando Prestol, el director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Ramón Antonio Aquino García, y el presidente del Indotel, David Pérez.
Las medidas, dijo el Procurador, responden a una de las inquietudes que el presidente Leonel Fernández expresó el sábado en Santiago, y buscan terminar con los hechos criminales que se coordinan desde las cárceles, como los recurrentes casos de “sicariato”.
“No tenemos una fecha específica para iniciar. Pero nuestro interés es de aplicar los planes en un tiempo record”, enfatizó el funcionario.
En los próximos días, dijo, el Indotel, que se reúne hoy para tratar el caso, se encargará de convocar a licitación pública a fin de adquirir los paquetes tecnológicos que bloqueen la señal de cualquier tipo de teléfono celular.
En el operativo inicial también serían incautadas las parábolas y demás artefactos que los reos usan para conectarse a Internet, así como a otros sistemas cerrados de comunicación.
Jiménez Peña manifestó que iniciarán un proceso acelerado, amparados en las normas de compras que lo permiten en casos de emergencia, para la adquisición de los equipos que se utilizarán para el bloqueo de los citados aparatos.
Anunció que los integrantes de la comisión se mantendrán en sesión permanente para dar respuesta lo más rápido posible a la medida.
En el encuentro, realizado en la sede de la Procuraduría General de la República, también participaron, el director del J-2 de las Fuerzas Armadas, general Henry Gómez Bueno; el coordinador nacional del Modelo Penitenciario, Roberto Santana; el subjefe de la Policía, general Víctor Campusano Jiménez, y el inspector de ese organismo, general Gerónimo Brown Pérez.
Cumplimiento de la orden presidencial
Al discutir el tema de la seguridad ciudadana el pasado sábado en Santiago -invitado por el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado-, el presidente Fernández ordenó la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros de reclusión, porque los presos los utilizan para dirigir trabajos del narcotráfico. Hace años que la opinión pública critica esta práctica y otras libertades que son propias de condenados por robo, venta de drogas y por asesinato.
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