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Se iría a vivir al extranjero junto a su familia por razones médicas Manila, 15 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Filipinas decidió hoy permitir a la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo viajar al extranjero para recibir tratamiento médico y anuló así temporalmente la prohibición del Gobierno, que la considera en riesgo de fuga. Según fuentes del alto tribunal, de los trece magistrados presentes, ocho votaron a favor y cinco en contra de permitir la salida del país a la exmandataria y a su marido, José Miguel Arroyo, sospechosos de fraude electoral y de malversación de fondos.
La pareja abandonará el país "lo antes posible", indicó su esposo, sin revelar el destino elegido, en un comunicado difundido tras conocerse la decisión judicial en el que afirma que tratarán de comprar los billetes hoy mismo para salir de Filipinas junto a una enfermera y dos auxiliares.
La hoy congresista por su provincia natal de Pampanga y su esposo son sospechosos en varios casos de fraude electoral y corrupción y figuran desde agosto en la lista de personas con riesgo de fuga.
Aquejada de problemas de la glándula tiroides y de las cervicales, Macapagal Arroyo solicitó un permiso especial para someterse a un tratamiento médico en el extranjero, un trámite obligatorio ya que figura desde agosto en la lista de personas con riesgo de fuga.
Ante la negativa del Gobierno, la expresidenta y su esposo, denunciados por amañar las elecciones legislativas de 2007 y también investigados por otro amaño en los comicios presidenciales de 2004, recurrieron la semana pasada la medida ante el Supremo.
"Los abogados de Arroyo fueron capaces de demostrar que la prohibición de viajar era probablemente una injusticia", dijo a la prensa Midas Marquez, portavoz del Alto Tribunal.
La secretaria de Justicia, Leila de Lima, había difundido las sospechas de que Arroyo y su familia quisieran pedir asilo político en la República Dominicana, una información desmentida por los portavoces de la exmandataria y por la cancillería dominicana.
Macapagal Arroyo, que gobernó Filipinas entre 2001 y 2010, tiene pendientes otros seis procesos judiciales por delitos de fraude y corrupción.
Está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada y de financiar las campañas electorales en 2004 y 2007 con los fondos de asistencia a los trabajadores filipinos en el extranjero, de compra de fertilizantes para agricultores y de beneficencia.
Uno de los últimos cargos presentados en su contra la acusa de corrupción en un contrato firmado con la empresa de comunicaciones china ZTE en 2007, supuestamente sobrevalorado en 200 millones de dólares (147 millones de euros).
El Gobierno filipino de Benigno Aquino tiene previsto presentar al menos dos denuncias más contra Macapagal Arroyo antes de que termine el año.
Ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta, actualmente diputada, o su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia hasta el momento. EFE
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