Un portón de hierro pintado de negro. Un camino ondulante de tierra y a cada lado tallos viejos de grama alta y seca. Detrás de una colina solitaria, estacas en vez de cruces y mil tumbas sin nombre sobre un terreno yermo.
En el cementerio municipal de Los Casabes, en Santo Domingo Norte, ocurre algo que muy pocos conocen: además de lo habitual, aquí se entierran a personas que murieron sin ser identificadas o cuyos cuerpos no fueron reclamados por sus familiares.
“Los cadáveres llegan bajo algunas condiciones. Son enviados a este cementerio con la finalidad de que sea sepultado en un lugar identificable y de fácil acceso”, explicó a LISTÍN DIARIO el director del Instituto Nacional de Patología Forense, el doctor Santos Páez Jiménez.
El funcionario dijo que los cuerpos que Patología “sepulta” son enviados por la Policía Nacional o por la Procuraduría General de la República. Al mes, agregó Páez, se pueden referir hasta entre diez y quince personas, muchos de ellos ciudadanos de origen haitiano o indigentes.
En total, en el cementerio municipal de Los Casabes, que funciona desde hace nueve años, reposan al menos 1,130 cadáveres que fueron traídos aquí de todo el país ñdesde 2004 hasta la fechañ sin ninguna identificación, restos de una numerosa lista de desaparecidos en República Dominicana.
Cada año, entre tres y cinco personas son declaradas desaparecidas en los anales de la Policía Nacional, a lo que se agrega otro grupo de dominicanos, no menos de 200 en la última década según registros no oficiales, que se extravían en viajes ilegales al tratar de cruzar las escasas doce millas que separan a República Dominicana de Puerto Rico.
Patología puede durar semanas, y hasta meses, con un cuerpo, pero pasado un tiempo prudente, solicita un ataúd que es donado por el Ministerio de Salud, y lo envía a Los Casabes para que sea sepultado. También pagan el impuesto al ayuntamiento.
“Antes de enterrarlos le tomamos fotos, registramos sus huellas y todas sus características y los documentamos con un número que está en el acta de defunción, para que si alguien algún día los reclama, puedan ser identificados”, dijo Páez.
LISTÍN DIARIO revisó una por una las actas a las que se refirió el director de Patología y encontró que no sólo este organismo envía cuerpos sin reconocer a Los Casabes. En el tenebroso registro del cementerio también aparecen fetos y restos de partes humanas que son remitidos aquí desde distintos hospitales.
“La mayoría de desaparecidos padece problemas mentales. En el caso de menores, pasa por conflictos con los padres”, comentó a LISTÍN DIARIO la mayor Iamdra Soto, segunda al mando en el Departamento de Investigaciones de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, una dependencia que cuenta con doce personas bajo el mando del coronel Rafael Herrera Valenzuela.
Soto manifestó que las denuncias de casos de personas desaparecidas (en la nomenclatura mundial también llamados NN, del latín “nomen nescio” ñ‘desconozco el nombre’ñ), no se limitan a ese departamento, sino que pueden ser procesadas en cualquier destacamento de la Policía en todo el territorio nacional.
“Cuando se alarga el proceso damos cuenta a homicidios”, explicó la oficial.
El año pasado, un total de 364 casos fueron reportados a la Policía, 261 de los cuales fueron resueltos por las autoridades y 103 quedaron pendientes. Las estadísticas oficiales señalan además que la mayoría de reportes involucró a hombres (170), mujeres (90) y adolescentes (77).
Pero no fueron las únicas denuncias.
Desapariciones forzosas
En octubre pasado, la organización Amnistía Internacional, reveló en un informe dos casos de desapariciones forzadas ocurridos en el país entre 2009 y el 2011.
En octubre pasado, la organización Amnistía Internacional, reveló en un informe dos casos de desapariciones forzadas ocurridos en el país entre 2009 y el 2011.
El primero, corresponde a Juan Almonte Herrera, un integrante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, que iba caminando la oficina donde trabaja como contable, cuando cuatro hombres armados lo detuvieron.
El informe de Amnistía señala que los hombres, supuestamente identificados por varios testigos como agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, obligaron a Herrera a entrar a un vehículo, dos horas antes de anunciar públicamente que lo andaban buscando por el secuestro del joven Eduardo Baldera Gómez.
La posible detención ilegal de Herrera ocurrió el 28 de septiembre de 2009 y hasta ahora no se sabe nada sobre su paradero.
“Juan Almonte era un profesional y empresario. No tenía perfil delictual, no tenía la necesidad de delinquir. Yo dudo que tuviera algo que ver en ese tipo de acciones violatorias a la ley”, dijo a LISTÍN DIARIO el presidente del Comité Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes.
Baldera, en ese entonces de 20 años, contó luego que, con las esposas flojas, logró escapar cuando uno de sus dos secuestradores, que estaban encapuchados, empezó a cepillarse los dientes, y que caminó cinco horas hasta llegar a Villa Vásquez, Monte Cristi, desde donde fue trasladado a Nigua por la Policía.
El segundo caso corresponde al joven de ascendencia haitiana Gabriel Sandi Alistar, que vivía en el batey Proyecto Velázquez, en Monte Plata.
Denis Antonio González, primo de Sandi Alistar, de 19 años, contó a LISTÍN DIARIO que ambos fueron detenidos junto a una decena más de jóvenes por la Policía Nacional, con relación a la desaparición de Jacinto Reinaldo Gimbernard Prats, cuyos familiares temían que hubiera sido secuestrado.
González agregó que no tenían que ver con el supuesto secuestro, pero que su primo, debido a las torturas que recibió en los interrogatorios, le dijo a los agentes que los dos lo habían matado.
“Nos sacaron de donde nos tenían presos para que buscáramos el ‘cadáver’”, dijo el pariente de la víctima, quien según su testimonio se salvó porque Gimbernard Prats apareció sano y salvo y fueron puestos en libertad. Fue la última vez que lo vio: Días después, dice, al preguntar por su primo, la Policía le manifestó que Alistar había escapado.
Versión Policial
El portavoz de la Policía, coronel Máximo Báez Aybar, dijo a LISTÍN DIARIO que con relación al primer caso, la institución no tiene registros de que Juan Almonte Herrera haya sido detenido, y que en general, “la posición de la Policía ha sido siempre de compromiso con un servicio de calidad y respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales”.
El portavoz de la Policía, coronel Máximo Báez Aybar, dijo a LISTÍN DIARIO que con relación al primer caso, la institución no tiene registros de que Juan Almonte Herrera haya sido detenido, y que en general, “la posición de la Policía ha sido siempre de compromiso con un servicio de calidad y respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales”.
“Estos casos no son de esta gestión, pero ponemos todo el empeño en resolverlos”, afirmó Báez.
En el cementerio de Los Casabes, dice también María Mercedes, de la CNDH, son enterradas algunas personas que caen abatidas por agentes policiales, cuyos familiares nunca se enteran, y que tiene forma de probarlo.
Báez dijo que esa acusación no es cierta.
“Cuando la Policía Nacional actúa, lo hace de manera frontal, responsable, y no tenemos ninguna razón para otra cosa que no sea dar parte a las autoridades para que se realice, en el caso de una muerte, el levantamiento correspondiente y sea enviado el cadáver a Patología”, agregó el portavoz.
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