Hipólito atribuye interceptaciones a corruptos hasta los tuétanos

El candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, negó que un juez autorizara la interceptación del teléfono de Pepe Goico, y atribuyó la práctica desatada en esta campaña electoral a la desesperación de gente corronpida hasta los tuétanos.

Mejía pidió a las empresas telefónicas evitar la interceptación de teléfonos de dirigentes políticos para uso de campaña.

Mientras, el movimiento Participación Ciudadana advirtió que son pasibles de ser sometidos a un juicio político y destituidos los diputados perredeístas que interceptaron una llamada de Guido Gómez Mazara donde supuestamente dice que mataría a Miguel Vargas Maldonado, presidente de la organización, si pierden las elecciones.

El exmandatario dijo que solo acoge lo dicho por Gómez Mazara sobre la denuncia de los legisladores de su partido de que existe una trama para asesinar a Vargas Maldonado.

Calificó como un relajo la situación que ocurre en el país con las intercepciones telefónicas a dirigentes políticos.

“Si grabaron mi casa, usted sabe cómo grabaron mi casa, tomaron los teléfonos de los narcotraficantes y pusieron el número de mi casa que tiene 40 años el mismo número, porque yo no lo he cambiado nunca, y lo metieron ahí, y yo pido a la compañía de donde sale esa información y sucede que me sellan ellos, que fue tramitado por el DNI para intervenir mi casa”, reveló el ingeniero Mejía.

Mientras, el coordinador de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, consideró preocupante la situación y cree que si los diputados cometieron la acción sin la autorización de un juez pueden ser sometidos a la justicia, a un juicio político y hasta ser destituidos del cargo.

“Nos preocupa sobremanera porque ellos no tienen autoridad para solicitar una autorización judicial para interceptación telefónica. Y si dieron a la luz pública la grabación de una intercepción telefónica sin la autorización judicial, eso es un hecho gravísimo que compromete la responsabilidad de esos diputados”, aseguró.

Asimismo, señaló que es obligación del Ministerio Público y la Cámara de Diputados investigar si esos diputados obtuvieron esa grabación sin autorización judicial, “y si no obtuvieron autorización judicial deberían ser sometidos a un juicio político y destituidos”.DE SIGLO21.COM.DO