La aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para aumentar la pena a los menores de edad, mediante la modificación al Código del Menor, recibió ayer el rechazo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Coalición de ONG por la Infancia, pero encontró apoyo del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y del profesor universitario Miguel Valerio.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó como una visión populista el incremento de la pena, indicando que la delincuencia en menores es un problema social que no se resuelve con una legislación.
Castaños Guzmán dijo que la finalidad de la pena es poder reinsertar a la sociedad a ese muchacho que se separó de ella y planteó que las legislaciones no sirven para revolver problemas, sino para regular.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sostiene que “el aumento de las penas no resuelve en nada los problemas de la inseguridad ciudadana”, y que los menores de edad no son “los responsables de la mayoría de los actos criminales que suceden en el país”, porque “según fuentes de la Procuraduría General, a principios de 2012 había 22.000 adultos privados de libertad frente a 570 adolescentes”.
De su lado, Coalición de ONG por la Infancia, una red que agrupa a 32 organizaciones de la sociedad civil, advierte que la pieza aprobada, principalmente en lo relacionado con el aumento de las penas para adolescentes que cometan actos delictivos, “hará más daño que bien a la sociedad, sobre todo a las familias que viven en situación de pobreza y exclusión social, cuyos hijos e hijas son quienes realmente terminan alimentando el sistema penitenciario”.
El presidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Vólquez, respaldó la modificación y dijo que los menores están cometiendo crímenes muy atroces y que se convierten en adultos de forma precoz.
Mientras, el profesor Miguel Valerio se identificó con el aumento de la sanción, pero propuso que se haga en función de la gravedad de los hechos y se establezca una escala para cada tipo de delito.
“El que se aumente la pena no es un componente que va a contribuir para que los ciudadanos se atemoricen y no cometan delitos”, dijo, y agregó que el Estado debe asumir otros compromisos con los muchachos que delinquen, brindándoles mejores oportunidades.
APROBACIÓN DE LA PIEZA GENERA REACCIONES
DECLARACIÓN DE UNICEF Esta institución expuso ayer, en una declaración pública, que “en ningún momento hemos sido consultados por la Cámara de Diputados ni requerida nuestra opinión sobre la reforma de la Ley 136-03, del Código de la Niñez”.
Agrega de la decisión “a través de los medios de comunicación la tarde de este miércoles”. Dice que un adolescente que comete un delito debe ser sometido a una justicia democrática y que elevarle en desproporción los años de privación de libertad “implica privar aún más a los pobres del derecho a la educación, la salud, la recreación, la formación y el empleo”.
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