Procurador advierte solo jueces pueden autorizar intervenciones telefónicas Cualquier otro organismo que lo haga está cometiendo un acto ilegal

SANTO DOMINGO.- Solo los jueces pueden autorizar intervenciones telefónicas, advirtió hoy el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien afirmó que cualquier otro organismo que lo haga está incurriendo en un acto de ilegalidad.

Durante el inicio del curso de formación regional: "Intervención de las Telecomunicaciones", el procurador afirmó que las intervenciones constituyen una amenaza a las libertades individuales.

Según Domínguez Brito, son normalmente utilizadas como chantaje y extorsiones "en cuestiones tan sencillas como las relaciones de parejas, comerciales e industriales.

Calificó la intervención de las telecomunicaciones como una herramienta de investigación indispensable para perseguir el crimen organizado, por lo que, dijo esperar, que el taller contribuya para definir una metodología que permita explotar su utilidad.

"Cuando hablamos de interceptación de las telecomunicaciones es analizar el valor probatorio derivados de los contenidos de las mismas, además de estudiar cómo puede el fiscal llegar a otros medios de pruebas partiendo de la interceptación y luego usar todo el resultado en el juicio. El Ministerio Público tiene la obligación de utilizar todo cuanto esté a su alcance para aumentar su efectividad en las investigaciones, disminuir la impunidad y aumentar los niveles de seguridad ciudadana, dentro del marco de un Estado de Derecho", dijo. 

En la mañana de este lunes, representantes de las instituciones fiscales de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) inauguraron el curso que tiene como objetivo formar especialistas fiscales en la aplicación de las técnicas de investigación de intervención de las telecomunicaciones para el combate del crimen organizado.

Se trata de un proyecto que procura mejorar las capacidades para el adecuado ejercicio profesional de las y los operadores de las instituciones del sector de justicia y seguridad de Centroamérica, mediante la ejecución de un plan maestro de formación regional, que sienta las bases para la implementación de una currícula de formación de carácter regional.